El Senado se prepara para iniciar, desde pasado mañana, el debate de la ley sobre propiedad privada que el Ejecutivo envió al Congreso, con un oficialismo que además consensuó, con parte de la oposición dialoguista, una nueva discusión del proyecto que pena las falsas denuncias, un tema que no llegó al recinto en el pasado por ser calificado de “rompe bloques”.
Por otra parte, La Libertad Avanza también dejó una ventana abierta para poder sesionar este jueves, para que los recientes pliegos judiciales puedan tomar estado parlamentario y se pueda activar a la ex legisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.
La definición de la agenda comenzaría en las próximas horas, con la convocatoria a diversas comisiones. En tanto, para el potencial encuentro en el recinto de la Cámara alta, el oficialismo -comanda Patricia Bullrich- y la oposición dialoguista aguardan la cumbre que se consumará mañana -ya toma la forma de cónclave semanal rutinario- para definir esta cuestión. Los aliados quieren agregar sus propias leyes a la agenda senatorial.
El proyecto que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada norma sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. No se descarta, en caso de haber comisión o plenario, que asistan funcionarios nacionales.
La segunda ley está relacionada con un área sensible: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue ratificada por el Congreso en 1996.
El texto original de falsas denuncias fue empujado por una radical -Carolina Losada- y se convirtió casi en la prioridad de su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para insistir con el texto en cuestión y dejó de lado otras leyes que reclamaban senadores. Hoy preside nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.
La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.
En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.
De cara al jueves, siempre y cuando se confirme la idea sobre el recinto que tienen libertarios y dialoguistas, la finalidad es simple: que tomen estado parlamentario los recientes pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo, más la definición de la postulación como embajadora -política- argentina en Canadá de la experimentada exsenadora Lucila Crexell.
El kirchnerismo fue a confrontar a Crexell a la comisión de Acuerdos y la de nuevo 100% peronista Carolina Moisés, que hasta hace poco tiempo pedía por la liberación de Cristina Kirchner junto a la ahora “odiada” La Cámpora -hay publicaciones suyas con la leyenda “no es justicia, es venganza”, tras la condena contra la ex presidenta-, acusó a sus excompañeras de sororidad “demagógica” y las dejó en una posición más que incómoda.