A través de un comunicado, la Oficina del Presidente de la República Argentina expresó la primera reacción de Javier Milei por la media sanción de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados. “Delito de adulto, pena de adulto”, expresó Manuel Adorni.
La iniciativa promovida por Patricia Bullrich alcanzó 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin que hubiera abstenciones. Junto a los libertarios, se pronunciaron a favor PRO, UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz. Entre sus puntos principales, el proyecto tiene la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
“La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, comenzó el comunicado de la Oficina del Presidente.
En el comunicado indican que se presentaron más de 37 proyectos de reforma, ninguno de los cuales logró avanzar en el proceso legislativo. Mientras el marco normativo permanecía sin cambios, “el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”.
Esta situación, a juicio del Gobierno, evidenció un desfasaje entre la legislación vigente y la realidad social, ya que “la ley permaneció anclada en otra época”. Para la administración nacional, el país “no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”.
El mensaje remarcó que la iniciativa aprobada por Diputados busca modificar este escenario, al establecer “un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.
Además, se enfatizó: “No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”.
A través del comunicado, Milei expresó su agradecimiento a los legisladores que apoyaron la media sanción, destacando que dieron “una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”. También subrayó la expectativa de que el Senado de la Nación trate la reforma “con la urgencia que la situación exige”, con el objetivo de que “el fin de la impunidad sea una realidad”.
“Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, cerró el mensaje oficial.
Al mismo tiempo, representantes del Gobierno también celebró la media sanción para el nuevo Régimen Penal Juvenil. Entre ellos, Manuel Adorni (Jefe de Gabinete de Ministros), Patricia Bullrich (senadora nacional por CABA) y Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad Nacional).
Adorni, en su cuenta oficial de X, escribió: “Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.
Bullrich, quien impulsó el proyecto, comenzó su publicación en X: “Por todas las víctimas de menores delincuentes, media sanción del Régimen Penal Juvenil”.
“Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”, agregó la legisladora.
Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, posteó: “Hoy el Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo. Regla clara: el que las hace, las paga. Ley y orden”.
La implementación de institutos especializados, donde los adolescentes condenados podrán acceder a educación, atención médica y tratamientos para adicciones, será una de las prioridades del nuevo Régimen Penal Juvenil. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia.
Además, la normativa contempla penas alternativas para quienes reciban condenas inferiores a 10 años de prisión, como la amonestación, la prohibición de acercarse a la víctima, la obligación de realizar servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño, la restricción para acudir a ciertos lugares y la inhabilitación para conducir vehículos.
En el caso de delitos graves, como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, la edad de imputabilidad baja a 14 años y la pena máxima de prisión se fija en 15 años.