Tras la gira de Santilli por las provincias, cuántos votos le faltan al Gobierno para aprobar la reforma laboral

Diego Santilli ya visitó seis provincias en lo que va de enero y cosechó el respaldo público de cuatro gobernadores para la reforma laboral. Si bien algunos mandatarios mantuvieron el misterio como herramienta de negociación, en el Gobierno se entusiasman porque no recibió ningún rechazo rotundo de sus habituales aliados ni de los sectores dialoguistas. Al parecer, todo es conversable.

Este último jueves, el ministro del Interior se reunió con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. En la conferencia de prensa que dieron tras el encuentro, el mandatario provincial reconoció que el funcionario libertario se llevaba “un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral” y destacó que el proyecto permitirá “incluir y dar derechos a los trabajadores que no los tienen”.

Un día antes, Santilli había estado por Neuquén, pero el saldo de su visita no fue tan claro. El gobernador Rolando Figueroa dijo que acompañará “cada iniciativa que impulse el desarrollo” y recordó que su provincia fue la “primera en implementar cambios importantes en la legislación laboral”. Sin embargo, enfatizó que la prioridad será el impacto que la ley tenga en su provincia y volvió a reclamar la deuda de USD 200 millones que Nación tiene con la caja previsional provincial. “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique”, resumió.

En cada visita Santilli repite que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”. Sin embargo, prácticamente en todas las reuniones recibió reclamos por los artículos 190 y 191 del proyecto oficial que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (aproximadamente $1 billón).

Desde la Casa Rosada plantean que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta merma se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

Dentro del mismo oficialismo algunos como Patricia Bullrich y Santiago Caputo se inclinan por hacer concesiones a las provincias, mientras que otros como Luis Caputo apuestan a sostener el texto tal como fue dictaminado.

En el Senado, los libertarios parten de una base de 21 votos propios más otros 3 de PRO. Pero el Gobierno también suma a los representantes de la UCR, que acompañó el dictamen del oficialismo cuando el proyecto se trató en comisión. En total hay siete radicales que responden a gobernadores (Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi -Corrientes-, Carolina Losada y Eduardo Garaletto -Santa Fe-, Mariana Juri y Rodolfo Suárez -Mendoza- y Silvana Schneider -Chaco-), y tres “sin techo” que son oposición en sus provincias (Maximiliano Abad -Buenos Aires-, Flavio Fama -Catamarca- y Daniel Kroneberger -La Pampa-).

Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 en diciembre y además hay mandatarios que tienen alianzas políticas en sus provincias, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

“Apostamos a una nueva ley de reforma laboral porque las viejas recetas siempre nos llevan a los mismos resultados”, dijo el chaqueño Zdero la semana pasada tras su encuentro con Santilli. “La reforma laboral contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca”, completó Cornejo dos días después.

Con 34 votos anotados en la columna del “positivo”, el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo de un puñado de “provinciales” para llegar al quórum (37), como la chubutense Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, que responde a Gustavo Sáenz; la neuquina Julieta Corroza (Rolo Figueroa); los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del gobernador Claudio Vidal; o los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de aceitados vínculos con Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia.

Santilli visitó a Torres, pero las conversaciones y declaraciones públicas posteriores giraron en torno a los incendios forestales que están devastando la provincia. No obstante, tuvo mejor suerte en Salta. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, dijo Sáenz, que tiene una relación cada vez más fluida con la Casa Rosada. Mediante algunas concesiones, los libertarios confían en poder sumar a neuquinos y misioneros, pero además podrán recurrir a los peronistas disidentes: el catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y el tucumano Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. Por lo que la cuenta final podría superar los 40 votos para la aprobación en general.

En Diputados, los libertarios parten de una base de 95 votos del bloque oficialista más 12 del PRO y 2 de MID. En principio 109, por lo que tendrá que sumar 20 voluntades más para llegar a los 129 que le permitan abrir el recinto.

Pero en base a las declaraciones de los gobernadores de Salta y de San Juan, el Gobierno ya contaría con otros 5 votos (3 salteños y 2 sanjuaninos). Además, el radicalismo (UCR + ABA) aportaría otros 7, ya que no solo firmó el dictamen del oficialismo en el Senado, sino que además había propuesto su propia reforma laboral cuando se discutió la Ley Bases, al inicio del gobierno de Milei. Prácticamente 121 votos confirmados.

Los peronistas disidentes de Tucumán (3) y Catamarca (3), que casi siempre jugaron con los libertarios en las votaciones importantes, dejarían al Gobierno en la puerta del quórum, y las negociaciones con las provincias aliadas podrían terminar de empujar el proyecto a través de la línea de meta: Misiones (4), Neuquén (1), Santa Cruz (1), San Luis (1).

Las provincias mineras como Catamarca, San Juan, Neuquén y Santa Cruz también seguirán con atención el devenir del proyecto para modificar la Ley de Glaciares, que le dará más poder a los gobiernos locales para habilitar proyectos productivos en zonas que ahora están prohibidas.