La provincia de Mendoza promulgó ayer el Código de Contravenciones con una novedad: los padres que no colaboren con el proceso escolar ante situaciones de bullying serán sancionados. Tadeo García Salazar, ministro de Educación de Mendoza, explicó en diálogo con Infobae en Vivo que, a partir de la ley recientemente promulgada, se apunta a “apelar la responsabilidad parental”, ya que las escuelas educan “en un horario limitado” y “el resto de la educación viene de la familia”.
Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, García Salazar detalló los alcances de la nueva regulación que habilita la imposición de multas, tareas comunitarias o capacitaciones obligatorias para quienes no contribuyan a prevenir o abordar el acoso escolar, y remarcó el fuerte impacto que los casos recientes de bullying han provocado tanto en las escuelas mendocinas como en el debate público.
A partir de la Ley N° 9.682, publicada en el Boletín Oficial, Mendoza puso en vigencia un marco legal pionero a nivel nacional. La reforma incorpora la sanción directa contra adultos responsables por la inacción ante el bullying ejercido por sus hijos en el ámbito escolar, con multas de hasta 1.500.000 pesos o la alternativa de trabajos comunitarios y cursos de “escuelas para padres”. “Esto implica una tarea final, para aquellos padres que no colaboran con el proceso de convivencia y no cumplen con su rol parental de un compromiso previamente asumido”, explicó García Salazar.
El ministro especificó que las escuelas manejan un protocolo muy claro para la intervención en casos de bullying, distinguiendo entre episodios leves, intermedios y graves, y que cuenta con una etapa de mediación: “Se cita a los padres y a los estudiantes involucrados y se les pide un compromiso. Lo que notamos es que, muchas veces, los padres no cumplen con ese compromiso, no cesan las conductas de hostigamiento e incluso, en algunos casos, hasta avalan estas conductas”.
“Por eso aparece esta nueva instancia judicial, donde las actuaciones pasan a un juez contravencional, quien puede aplicar multas”, afirmó García Salazar.
Durante la entrevista en Infobae en Vivo, el ministro recalcó la importancia del trabajo mancomunado con las familias: “La repercusión que nosotros hemos tenido con los padres ha sido positiva, principalmente entre los padres de chicos que son víctimas de bullying. Ellos son quienes más reclaman medidas cuando constatan la falta de colaboración de otros adultos”. Y añadió que el Estado y la escuela “procuran hacer su parte”, pero que “la educación fuera del aula depende de cada familia”.
Por otro lado, García Salazar remarcó que “la norma prevé el trabajo comunitario, dentro o fuera de la escuela, y la obligación de asistir a cursos en ‘escuelas para padres’, que hay específicamente para estos temas”. “Solo si esas opciones no se cumplen, se impone la multa, y en casos de reincidencia, el juez puede considerar incluso la prisión por días”, puntualizó.
El ministro destacó la existencia de líneas telefónicas gratuitas habilitadas por el gobierno provincial para la denuncia de hechos de bullying, cuyas consultas y reportes se incrementaron durante el último año. “No solo padres, también docentes y directivos piden medidas contra adultos responsables que no asisten a las reuniones escolares o no cumplen con los acuerdos. Hay una delegación y despreocupación de algunos padres, representa un porcentaje significativo”.
El uso de la sanción, remarcó el titular de la cartera educativa, “debe ser entendido como una herramienta más”, complementaria al protocolo preventivo que existe en las escuelas y a la capacitación obligatoria de todos los docentes y personal que trabaja con infancias. “Los montos recolectados irán a bibliotecas públicas”, dijo sobre la recaudación a partir de las sanciones.
Respecto a las situaciones más graves que motivaron la reciente reforma, García Salazar evocó el caso más resonante del año: un adolescente que ingresó armado a un colegio y efectuó disparos. “Antes no tuvimos personas heridas, pero en ese caso hubo una mezcla de problemas de salud mental y de bullying. Nosotros creemos que esto se podría haber evitado con una intervención previa de las familias”, reflexionó.
En cuanto a la caracterización del fenómeno, García Salazar brindó datos preocupantes, al afirmar que lo que más se repite es “el hostigamiento sistemático y sostenido para generar un daño psicológico”. “Tenemos mucha presencia de cyberbullying, vemos que el bullying no solo se da en la escuela en un horario escolar, sino fuera de la escuela, en redes sociales o continúa el hostigamiento entre pares. El 90% de los casos no son de violencia física. La mayoría es violencia psicológica, lo cual termina influyendo negativamente en el estudiante hostigado en la cantidad de faltas, en su rendimiento académico y problemas de socialización. Se generan trastornos de todo tipo", concluyó.
En la provincia la mayor parte de los casos reportados corresponden a hostigamiento sistemático y sostenido, destinado a infligir daño psicológico o emocional. Hay mucho ciberbullying: el acoso ya no termina con el horario escolar, continúa en redes sociales, con pruebas presentadas por los propios padres. El 90% de los casos implica violencia psicológica o exclusión social, más que violencia física”.
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