El kirchnerismo presentará en el Congreso un proyecto de reforma laboral alternativa, una respuesta directa a la iniciativa de “modernización” promovida por el gobierno de Javier Milei. La propuesta fue elaborada en el marco del Partido Justicialista (PJ), con participación de sindicatos de la CGT y la CTA, y el aval de Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo central es instalar una suerte de “contrarreforma” en el debate parlamentario y confrontar el diagnóstico oficial sobre la situación del empleo, los salarios y los derechos laborales.
La Secretaría de Relaciones Laborales del PJ Nacional, liderada por la diputada Vanesa Siley, coordinó la redacción del borrador del proyecto y articuló su presentación con la bancada de senadores de Unión por la Patria, como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. Así, se busca una estrategia legislativa coordinada entre ambas cámaras para unificar la postura opositora frente al proyecto del Ejecutivo.
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El fundamento político del proyecto es explícito: para el kirchnerismo, la reforma laboral de Milei no generará empleo, sino que implicará una reducción de derechos y un cambio regresivo en la protección social. “Lo primero que vamos a plantear es un diagnóstico”, señaló Siley. “El Gobierno dice que flexibilizar el trabajo sirve para crear empleo registrado. Ese latiguillo lo vamos a desarmar y lo vamos a plasmar en los fundamentos de nuestro dictamen”, sostuvo la diputada.
Tres ejes: ingresos, descanso y salud
El proyecto parte de un diagnóstico: los trabajadores enfrentan salarios insuficientes, falta de tiempo de descanso y deterioro de la salud física y mental. Según el borrador que trabajan en el PJ, la pérdida del poder adquisitivo llevó a la expansión de la pluriactividad laboral, la informalidad y nuevas formas de trabajo asociadas a las plataformas digitales. “La principal necesidad es la plata, porque el sueldo no alcanza. Como consecuencia de eso, la clase trabajadora está tomando más de un empleo o de actividades”, indicaron fuentes que trabajaron en el borrador.
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En consecuencia, el aumento de horas trabajadas para compensar bajos ingresos deja menos tiempo para la vida personal y genera mayor desgaste. A esto se suma el deterioro de la salud, no solo por los accidentes laborales, sino por el estrés, la fatiga y el impacto en la salud mental.
Sobre estos tres ejes se estructura la contrarreforma: cambios en materia salarial, en la extensión de la jornada laboral, licencias, negociación colectiva, trabajo en plataformas y una nueva regulación tecnológica.
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“Salariazo” mínimo y paritarias libres
Uno de los capítulos más destacados es la recuperación del poder adquisitivo. El proyecto plantea que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debe cubrir el costo de la Canasta Básica Total. Según datos oficiales, mientras el salario mínimo es de 338.400 pesos, la canasta supera el 1.257.000 pesos, una diferencia que, para el PJ, muestra el incumplimiento de la ley. Si bien el texto no fija un monto específico, reclama restituir el sentido “vital y móvil” del salario mínimo.
La propuesta exige respetar las paritarias libres, sin topes ni restricciones, defendiendo la negociación entre sindicatos y empleadores. Esta posición contradice la política del Gobierno, que promueve acuerdos atados a productividad, lo que los gremios interpretan como un límite encubierto a la negociación.
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Además, se establece que el salario deberá ser abonado íntegramente en dinero, en pesos o cualquier otra moneda reconocida, dejando fuera la opción de pagos en especie, alimentos o vivienda, como contempló la propuesta oficial.
Reducción de la jornada laboral
Otro pilar es la reducción de la jornada semanal, actualmente de 48 horas, que el kirchnerismo propone llevar a 42 horas, con el objetivo de alcanzar las 40 horas en el mediano plazo. El fundamento, para el PJ, es claro: los avances tecnológicos permiten reorganizar el trabajo y reducir cargas sin afectar la producción. Desde el PJ, rechazan la propuesta oficial de habilitar jornadas de hasta 12 horas mediante bancos de horas.
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“Es un absurdo retroceder dos siglos, como plantea el Gobierno. Hoy, la nanotecnología, la inteligencia artificial y la digitalización permiten una reducción de la jornada laboral. Esto es algo que tiene que ver con la lógica, no con lo ideológico”, afirman fuentes partidarias. Para la oposición, menos horas de trabajo significan más descanso y mejor salud, elementos que consideran centrales en la legislación regulatoria.
Licencias, cuidados y seguridad social
La contrarreforma amplía la licencia por paternidad: de los dos días actuales a 90 días, igualando la cobertura con la licencia materna. El financiamiento, como ocurre con el caso de las mujeres, surge de la ANSES y se incluirá a los monotributistas, eliminando el costo para los empleadores. “Si el Estado financia la licencia del nacimiento, debe hacerlo para todas las familias, sin importar el tipo de empleo”, sostienen en el PJ.
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Se establece la creación obligatoria de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene en empresas de más de 50 trabajadores, integrados por representantes sindicales y empresariales, con técnicos en seguridad e higiene laboral y especialistas en salud mental. Estos comités abordarán riesgos físicos y riesgos psicosociales, señalando que lo laboral ya no puede concebirse sin perspectiva de salud mental.
Plataformas, algoritmos y derechos digitales
El trabajo en plataformas digitales -de Rappi, a PedidosYa o Uber- ocupa un capítulo propio. A diferencia del Gobierno, que introduce la figura del “repartidor independiente” y niega la relación de dependencia, el kirchnerismo impulsa las negociaciones colectivas por empresa.
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La propuesta incluye la prohibición de bloqueos sin justificación, el acceso a instancias de defensa para trabajadores, estaciones sanitarias obligatorias con baños y zonas de descanso, atención física personalizada, transparencia algorítmica y portabilidad de los datos del trabajador.
Se incorpora también el derecho a la desconexión digital, que limita el contacto laboral fuera de la jornada de trabajo. Por último, el proyecto anticipa el debate sobre la regulación del uso de inteligencia artificial en la administración del trabajo y los procesos productivos.
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El contrapunto con el oficialismo
El proyecto del kirchnerismo se enfrenta directamente a la reforma del Gobierno, que propone cambios en las indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con un descuento del 3% de las contribuciones patronales y el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, junto a cambios en el financiamiento sindical y la ampliación de las actividades esenciales, lo que restringe el derecho a huelga.
La oposición considera especialmente adverso el FAL, estimando que implicaría una pérdida de USD 2.500 millones anuales para la Seguridad Social. “¿Qué tiene de moderno que el trabajador pague su propio despido? ¿Y qué tiene de moderno dejar sin fondos jubilatorios a los actuales y futuros jubilados?”, cuestionan desde el bloque.
Vanesa Siley habló con Infobae sobre los detalles que trascendieron de la contrarreforma laboral que propone el kirchnerismo y rechazó la perspectiva oficialista: “No existe que las leyes, en sí mismas, generen empleo. Ningún país lo ha demostrado en la historia. El empleo se crea o se destruye por el modelo económico”.
Como antecedente, la diputada citó la reciente Ley Bases, que incorporó modificaciones laborales: “Se amplió el período de prueba, se crearon nuevas figuras, se eliminaron multas y sanciones. Un año y medio después hay menos empleo y menos empresas”, expuso Siley.
Debate en el Congreso y disputa de modelos
El kirchnerismo intenta así instalar una discusión de fondo sobre el sentido del trabajo y la función de la legislación laboral. El objetivo declarado es disputar no solo artículos, sino el modelo productivo y social que la sociedad argentina debe asumir en el contexto actual.
Mientras el oficialismo apunta a la flexibilización y la reducción de costos, el peronismo presenta un modelo vinculado a la defensa del salario, la reducción de la jornada y una regulación estatal amplia. La contrarreforma laboral opositora configura uno de los debates políticos centrales de la agenda parlamentaria y anticipa una confrontación de modelos en el Congreso Nacional.
El avance de ambos proyectos expone un escenario de máxima tensión política para el universo laboral argentino, donde se definirán el poder adquisitivo, la extensión de la jornada y el alcance de las nuevas tecnologías.
El desenlace de esta disputa será clave para la estructura laboral y social en los próximos años.
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