El Gobierno oficializó una profunda reestructuración de la Administración Pública Nacional mediante el Decreto 866/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y refrendada por altos funcionarios, introduce cambios sustanciales en la organización y los objetivos de varios ministerios y secretarías, con el propósito declarado de “optimizar la gestión”.
El decreto, que modifica el esquema establecido por el Decreto 50/2019 y sus sucesivas actualizaciones, elimina, fusiona y redefine áreas clave de la estructura estatal.
Entre las decisiones más destacadas figura se encuentra la reconfiguración integral de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De esta manera, el nuevo organigrama incorpora áreas como la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Comunicación y Prensa. Cada una de estas dependencias se subdivide en subsecretarías especializadas, como la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Subsecretaría de Prensa, entre otras.
El Ministerio del Interior también recibe una nueva estructura, que incluye la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Interior —con áreas dedicadas a asuntos políticos, deportes, enlace legislativo y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)— y la Secretaría de Provincias y Municipios. Esta última se subdivide en las Subsecretarías de Relaciones con las Provincias y Relaciones con los Municipios.
En el caso del Ministerio de Economía, el decreto redefine su composición interna, estableciendo nuevas secretarías y subsecretarías. Entre ellas se encuentran la Secretaría Legal y Administrativa, la Secretaría de Política Económica, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, la Secretaría de Coordinación de Producción, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Asuntos Nucleares. Cada una de estas áreas cuenta con subsecretarías orientadas a funciones específicas, como la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Subsecretaría de Políticas Nucleares.
La estructura del Ministerio de Salud también se reorganizó, pasando a estar compuesto Secretaría de Gestión Administrativa, la Secretaría de Gestión Sanitaria y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Estas secretarías se dividen en subsecretarías responsables de la coordinación administrativa, la planificación sanitaria, la vigilancia epidemiológica y la atención en materia de drogas.
El decreto no solo modifica la estructura, sino que también redefine los objetivos de varias áreas. Por ejemplo, se establece que la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales debe “asistir a la Secretaría General en lo relativo a ceremonial y protocolo, en coordinación con las áreas con competencia en la materia”.
En el ámbito económico, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial tiene como función “asistir a las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas, correspondientes a los Servicios Administrativos Financieros asignados a su órbita, efectuando los trámites administrativos necesarios para la obtención de los recursos humanos, materiales, equipamientos tecnológicos y los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos” para las secretarías bajo su dependencia.
En materia de control y supervisión, el decreto otorga a la Secretaría de Transporte la responsabilidad de “ejercer el control tutelar de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de la Junta de Seguridad en el Transporte”.
De igual modo, la Secretaría de Obras Públicas asume el control tutelar del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Instituto Nacional del Agua (INA).
El decreto también dispone la transferencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes —excepto la Subsecretaría de Deportes— desde el Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete de Ministros, junto con sus unidades organizativas, bienes, personal y créditos presupuestarios.
Además, se aclara que, hasta que se complete la reestructuración de las áreas afectadas, “se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las acciones, dotaciones y personal con sus respectivos cargos, niveles, situación de revista y suplementos vigentes a la fecha”.
En cuanto a la vigencia, la norma establece que “la presente medida entrará en vigencia el día de su dictado”, es decir, el 6 de diciembre de 2025.