Los jefes de bloque del Senado se reunirán, desde las 11 de hoy, para definir la sesión de mañana en el recinto de la Cámara alta, donde una oposición consolidada se apresta a insistir con la ley que declaró la emergencia en discapacidad como punto central, luego del veto de la Casa Rosada. Esta situación no sólo sería la primera de la actual gestión, sino una casi inédita en más de 20 años.
El proyecto que buscan revivir kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones. En julio pasado logró 56 adhesiones y consiguió, con creces, los dos tercios de los votos. Es por ello que se estima que el veto del Ejecutivo quedaría desactivado mañana.
La bandeja de temas a debatir en el recinto además incluirá eventuales cambios a la ley vigente que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que tendrán que ser aprobados y girados a Diputados para su sanción definitiva. Un panorama que derivaría, llegado el caso y sin dudas, en un nuevo veto presidencial.
Para tener una idea de lo que implicaría todo esto, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo rechazan -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el dictamen incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían. El peor escenario para la Casa Rosada. De yapa: cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas en un solo texto.
“La ley 26.122 ha resultado en la práctica una dificultad para el rol de control que la Constitución asigna al Congreso, en particular con el sistema previsto en su artículo 1°, violentando así las ideas de división de poderes, sistema republicano y control que lo inspiraron”, fundamentaron senadores del PRO, el kirchnerismo, la UCR y el peronismo disidente que firmaron el dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera la cordobesa Alejandra Vigo. Estos espacios comandaron el país desde la crisis de 2001 y hasta el 10 de diciembre de 2023.
Aún no queda claro, de cara al corto plazo, si el despacho opositor sufrirá algún cambio. Es que, con mucha discreción, algunos creen que la iniciativa es demasiado restrictiva en comparación al régimen actual, que fue impulsado en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner. ¿El objetivo principal? Que ningún DNU fuese rechazado. Al Gobierno libertario ya le pasó esto, con la normativa que giraba fondos a inteligencia.
Entre el lunes y ayer también hubo ruido por un potencial intento del kirchnerismo para empujar, de forma exprés, un puñado de ascensos diplomáticos que le interesan demasiado y que ingresaron recién en la última sesión, consumada en agosto pasado. “No la veo y necesitarían dos tercios. Sería muy desprolijo”, sentenció un experimentado legislador a Infobae.
Otro ítem a considerar sería, en caso de una unión opositora, la idea de meter por una ventana un eventual pedido de interpelación a algún integrante de la Casa Rosada. La desconfianza de algunos senadores “dialoguistas” -si es que se los puede calificar así aún- es que el Frente de Todos, que comanda José Mayans, utilice una vez más el recinto para cumplir con las órdenes -y relato- de la hoy condenada Cristina Kirchner. “No saben frenar y atropellan todo el tiempo. No tendríamos que someternos a la agenda exclusiva de su jefa”, reconoció un radical en las últimas horas. Otros, en tanto, se muestran cada vez más como un anexo del “renovado” peronismo.