El Gobierno se desliga de las acusaciones y evalúa denunciar a Spagnuolo tras la filtración de audios

Crece la alarma en el Gobierno por el involucramiento directo de la cúpula libertaria en el caso de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que se disparó a partir del audio donde el titular del organismo, Diego Spagnuolo, abogado y amigo cercano de Javier Milei, señala connivencia entre funcionarios de segundo rango y la cima del poder. Por ahora, sin embargo, reina la cautela, y en la Casa Rosada se encuentran en estado de deliberación sobre la estrategia política y judicial a seguir.

Hay varios caminos bajo análisis, y todos están destinados a evitar que los altos mandos del Gobierno queden en jaque. Uno de ellos, revelaron a Infobae, es denunciar a Spagnuolo por no haber hecho una presentación judicial formal sobre el hecho delictivo que menciona en la conversación privada que se grabó y se hizo pública esta semana. Los Milei buscarán desacreditarlo, y sus principales asesores ya deslizan, por lo bajo, que es “un delirante”. Aunque, por ahora, está descartado el plan de desacreditar la verosimilitud del material con su voz.

Ayer hubo largas deliberaciones en la Casa Rosada, a donde Milei acudió temprano, al igual que Karina Milei, su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem -apuntado en los audios-, el asesor Santiago Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. También intevino el Ministerio de Justicia. Por ahora sólo avanzaron con el despido de Spagnuolo con la acotación de que lo hacían hasta que se esclarecieran los hechos.

El Gobierno también demora para avanzar con una postura pública y/o con una acción en la Justicia porque aguarda a conocer los movimientos del juez a cargo de la investigación, Sebastián Casanello, y el devenir de las medidas del fiscal Franco Picardi. En especial porque una de las posibilidades es que llamen a indagatoria a Spagnuolo, lo cual podría complicarlos si es que ratifica sus declaraciones.

Mientras las conversaciones giran en torno al tema más acuciante, hacia afuera, en el Gobierno guardan mayormente el silencio o fingen demencia. El único habilitado para expedirse, muy por encima, fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que evitó dar precisiones pero deslizó ayer: “Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas, el que lo dice debería haber hecho la denuncia en la Justicia”.

Mientras meditan y aguardan, el nerviosismo libertario se nota a la legua. El vocero Adorni, evitó dar conferencias de prensa, esta semana, y suspendió sin explicaciones su programa semanal de los viernes, “Fake,7,8″. Mientras que su segundo en el mando de la Secretaría de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, se limitó a tuitear sobre los controladores aéreos. En las huestes libertarias en redes, ninguno de los prolíficos tuiteros estrella salió a ironizar al respecto, ni siquiera para defender al Gobierno. La orden para toda la tropa fue mantenerse en silencio. “Estamos callados porque nadie sabe mucho qué pasó, Diego (Spagnuolo) no le responde a nadie", justificó un importante funcionario. En principio, otro alto mando dijo a Infobae que hay inquietud y reconoció que se trató de una semana “complicada”.

Dos fuentes coincidieron en señalar que el material que pone contra las cuerdas al oficialismo surge a partir de una “operación política”, pero por ahora se evitaba señalar autores. Los enfrentados sectores liderados por Santiago Caputo y los Menem sellaron una tregua desde que arrancó la campaña y procuraban mantenerla firme, también, en el abordaje del caso más comprometedor para el Presidente después del que se desató a partir de que difundió la criptomoneda $LIBRA.

Esto a pesar de que los principales apuntados son los riojanos Martín y Lule Menem (el segundo fue mencionado con nombre y apellido por Spagnuolo como recaudador de las coimas). “Si las Fuerzas del Cielo o el grupo de los Menem dicen algo ahora se va a leer en tono de interna. Preferimos que esto se trate como algo que afecta al gobierno entero, sin matices”, dijo un importante dirigente violeta.

Más allá de los bandos, en algunos despachos no ponían las manos en el fuego por nadie, ni siquiera los más altos funcionarios apuntados por Spagnuolo. “Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, se limitaban a sostener sostuvo sobre la investigación iniciada anteayer a partir de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón -que representa a Cristina Kirchner- por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.