En una jugada ninja pero masticada de urgencia entre casi toda la oposición -kirchnerismo y dialoguistas-, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo, (Córdoba) acordó avanzar con un dictamen -cuyo texto no está cerrado ni presentado, lo cual es insólito- para quitarle al Gobierno libertario una herramienta clave de cara al recambio legislativo del 10 de diciembre próximo: modificar la vigencia y validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Para tener una idea de lo que, en principio, consensuó la oposición, los DNU pasarían a tener un plazo de 30, 60 o 90 días para ser aprobados sin excepción por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo rechazan -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el eventual despacho incorporaría que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían. El peor escenario para la Casa Rosada.
Lo que se percibió de la reunión de hoy fue que, más allá de las declaraciones de diferentes senadores, el guiño entre las diferentes bancadas opositoras estaba más que cerrado y sólo quedan detalles por resolver. Ahora será trascendental que, además de que aparezca el despacho, se apruebe en el recinto de la Cámara alta y dejar una definición -para el infarto- en Diputados antes del 10 de diciembre. Ahí habrá una nueva composición del Congreso, el objetivo central del Gobierno para blindarse ante la emisión -criticada, por el volumen de medidas ejecutadas- de los DNU.
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Entre los puntos principales empujados por la oposición aparecen retoques en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, la encargada de analizar los DNU, tal como integración y autoridades. Además, se incluyen observaciones sobre el plazo para que Jefatura de Gabinete informe al Congreso sobre las decisiones en cuestión; las mayorías -no especiales- para votar los mismos; y sobre la nulidad de los mismos, en cuanto a los derechos adquiridos durante la vigencia hasta un potencial rechazo.
Quien recordó que la actual ley fue empujada, en su momento, por Cristina Kirchner senadora, fue la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferri. “Es más fácil tener un decreto que una ley, que tiene que aprobarse por ambas Cámaras mientras que, un decreto, no”, señaló la porteña.
“Es importante que se avance en esta modificación. Si no, tenemos que cerrar las puertas de esta institución”, alertó la peronista Florencia López (La Rioja). En tanto, el justicialista disidente Juan Carlos Romero (Salta) consultó qué ocurriría ante una Cámara que lo aprobara y, la siguiente, desactivara.
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Un ya hoy exaliado de la Casa Rosada, el correntino Carlos Espínola (Corrientes), enfatizó: “La utilización de los DNU, como está la ley, habilita a usarlos en contra del sistema democrático”.
La Libertad Avanza no vio venir esto y, cuando era demasiado tarde, el riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Justicia, propuso convocar a constitucionalistas. “Es un tema delicado y le debemos un tratamiento serio”, dijo. Nadie le prestó atención.
Fue llamativa, aunque para nada sorprendente, la jugada opositora tras el cierre de listas. El problema radica en que, en medio de heridas y divergencias por el trato de La Libertad Avanza, la situación en el Congreso se encuentra en punto de ebullición política y las respuestas desde la Casa Rosada -siempre jugó por todo y contra todos- son nulas o, a lo sumo, escasas.
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A pesar de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas en relación con este tema, lo cierto es que si el Senado aprueba esta ley, la oposición en Diputados tendrá que emplazar comisiones para dictaminar la iniciativa en cuestión, llevarla al recinto y sancionarla. Luego, vendría un veto del Ejecutivo. Quizás, para la insistencia de la norma -con dos tercios- haya un nuevo recambio consumado y un 10 de diciembre que el Gobierno anhela -si le va bien en las elecciones- para enterrar esta discusión y no perder un arma clave para su gestión.