En una resolución fechada el último viernes, el juez Alejo Ramos Padilla manifestó al municipio de La Matanza que no tiene competencia para modificar la asignación de locales y mesas de votación en esa comuna para las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre. Sin embargo, presentó un “plan alternativo de ubicación de mesas de votación” y advirtió que quedó “suspendido el proceso de notificación de autoridades de mesa” en ese distrito.
La decisión responde a una serie de presentaciones realizadas por el intendente Fernando Espinoza, quien había solicitado la suspensión de los cambios en los lugares de votación y el retorno al esquema utilizado en las elecciones de 2023. La resolución afecta directamente a los electores de La Matanza y a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que queda como única autoridad competente para decidir sobre la ubicación de mesas y locales de votación en el distrito.
El conflicto se originó tras la difusión de un nuevo esquema de asignación de mesas y locales de votación en toda la Provincia. Espinoza argumentó que el cambio “sorpresivo” de lugares de votación, que habían permanecido “inalterables por décadas”, podría afectar la participación electoral y solicitó que se restableciera el esquema anterior.
La decisión judicial también había recibido cuestionamientos del gobernador Axel Kicillof, quien dijo que los cambios en los centros de votación “conspiran contra la voluntad” de la gente
El intendente del partido más populoso del territorio bonaerense pidió formalmente la “inmediata suspensión de la difusión del padrón de electores de La Matanza” y que se “abstenga de aplicar el nuevo esquema de establecimientos y mesas, volviendo al utilizado en las últimas elecciones del año 2023 con los agregados correspondientes”.
La Cámara Nacional Electoral intervino el 7 de agosto y ordenó al Juzgado Federal Electoral, a cargo de Ramos Padilla, dejar sin efecto “todas las reasignaciones de locales de votación de la sección electoral número 61 –La Matanza– derivadas del cambio de orden de prioridad asignado a los mismos, es decir, aquellos que no respondan a casos de fuerza mayor y/o deriven de la habilitación de una mayor cantidad de mesas como consecuencia del crecimiento del cuerpo electoral”.
Además, dispuso la suspensión de la publicación de los locales incorrectamente asignados y exigió garantizar la adecuada comunicación y difusión de los establecimientos de votación.
Sin embargo, Ramos Padilla -que ya había explicado los motivos de las modificaciones- analizó el alcance de la decisión de la Cámara Nacional Electoral y señaló que no resulta claro si la orden se refiere al proceso electoral nacional, previsto para el 26 de octubre, o al proceso electoral provincial del 7 de septiembre.
El magistrado explicó que, en el caso de las elecciones nacionales, “lo ordenado resulta de imposible cumplimiento dado que aún no ha sido publicado el plan de ubicación de mesas para la elección nacional de octubre: no se podría dejar sin efecto una reasignación que no ha sido realizada y tampoco podría suspenderse una publicación de locales que no se efectuó”.
Respecto de las elecciones provinciales, el juez sostuvo que la competencia para decidir sobre la ubicación de mesas y locales de votación corresponde exclusivamente a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con la Constitución Nacional, la Constitución provincial y la Ley Electoral provincial N° 5109.
“La colaboración brindada, tal como surge del convenio, se limita exclusivamente a cuestiones logísticas y técnicas, pero no permite, ni podría permitir, la intromisión del Tribunal en la decisión respecto de solicitudes de particulares, candidatos, apoderados, partidos políticos o funcionarios, todo lo cual excede al cumplimiento de las tareas asumidas”, escribió en su resolución del viernes.
El juez también citó doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundamentar la autonomía provincial en materia electoral: “El sistema federal no solamente asegura que las provincias decidan sus regímenes electorales y elijan sus gobernadores, legisladores, y demás funcionarios, sino que también le prohíbe al gobierno central intervenir en aquellos asuntos propios de la autoridad provincial”.
En cuanto al trabajo técnico realizado en La Matanza, el juzgado detalló que el proceso de modificación de circuitos electorales fue impulsado por las propias autoridades municipales y luego suspendido a pedido del municipio y por decisión de la Cámara Nacional Electoral. El informe técnico destacó que no se realizó un “replanteo general de los establecimientos de votación” ni una “modificación de la cartografía electoral del distrito”, sino que se trató de un desplazamiento natural debido al aumento del padrón y a adecuaciones registrales.
El fallo también abordó la imposibilidad de replicar exactamente el esquema de 2023, señalando que “replicar el plan de asignación de electores y ubicación de mesas del año 2023, no solo resultaría materialmente imposible, ya que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación debido al aumento del padrón electoral, sino que implicaría afectar establecimientos que ya no se encuentran habilitados, que han cerrado, que se encontraban duplicados por errores registrales o que no reúnen los criterios de afectación establecidos por la Cámara”.
En respuesta a los reclamos, el juzgado puso a disposición de la Junta Electoral provincial un “plan alternativo de ubicación de mesas de votación para La Matanza”, que replica las prioridades de asignación de locales y mesas de comicios de la elección 2023, con las correcciones necesarias derivadas de los reemplazos de establecimientos y las modificaciones del padrón. Sin embargo, advirtió que la decisión final corresponde a la Junta Electoral provincial, que deberá evaluar si adopta el plan publicado o el alternativo.
Las reformas de los circuitos de votación fueron dispuestas por la Justicia federal para ordenar los 6.426 establecimientos educativos habilitados en la Provincia con el objetivo de optimizar 38.788 mesas.
Los cambios buscan acercar a los electores a los centros de votación y eliminar los centros que no tienen infraestructura adecuada con accesibilidad para todos los electores.