El senador del peronismo disidente y exgobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunció este martes que no será candidato en las próximas elecciones nacionales y, de esta manera, el Gobierno libertario perderá a su principal aliado: fue uno de los jinetes que creó el “grupo de los 39”, conformado por oficialismo y dialoguistas que acompañó al Ejecutivo en los primeros meses de gestión, con una Casa Rosada en desventajosa minoría en el Congreso.
“Dejo el cargo, pero no la política”, aseguró Romero en un acto realizado en el salón Arturo Illia de la Cámara alta y que contó con la presencia no sólo de su familia y colaboradores, sino también de legisladores como el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto, y los jefes de bloque de la Eduardo Vischi (UCR) y Alfredo De Ángeli (Pro), entre otros.
En medio de su discurso, el salteño dejó una advertencia a futuro por el “bloqueo institucional” que abrazó al Congreso en los últimos meses. Como si fuese un consejo hacia el Gobierno, Romero deslizó: “No alcanza con tener razón, sino con encontrar una solución”.
Tras varias críticas contra el kirchnerismo -“modelo populista que arrasa”, enfatizó-, el justicialista revalidó la estrategia del grupo de los 39. Sin embargo, observó: “Ese espíritu se fue perdiendo y es una de las cosas que me frustran. Podríamos haber cubierto las vacantes de la Auditoría General de la Nación o las más de 150 vacantes en la justicia”.
La mención de Romero no es menor: en el Senado se acumula no sólo la problemática de la AGN -está acéfala de auditores legisladores y queda su presidente, el filo K Juan Manuel Olmos-, sino la de vacantes judiciales que no precisan dos tercios. Caso distinto el de la Corte Suprema, otro tema más que sensible y sin definición que sí necesita dicha mayoría agravada.
“Hace 40 años perdí mi primera elección y no estuvo mal eso. Había un equilibrio entre las tres fuerzas: conservadores, el radicalismo y el justicialismo”, reflexionó. Seguido a ello, destacó el “consenso” para la reforma de la Constitución de Salta -y la nacional, de 1994-, así como el equilibrio fiscal en su distrito “incluso en épocas de crisis” y un porcentaje no menor del presupuesto provincial destinado a obras.
Corte Suprema y AGN
El proyecto de Romero de siete butacas es, hasta ahora, uno de los pocos que tiene un guiño inicial de varias bancadas en el Senado, en medio de un ida y vuelta poco claro -y un puñado de picardías- entre el oficialismo y la oposición.
“Si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el aumento o dilación de las soluciones; y la otra, más grave, al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, aseveró en una de las primeras reuniones de comisiones para tratar el tema.
El salteño también evaluó: “Que la decisión la tomen magistrados que no tienen tan viva la necesidad de la tradición en los fallos puede llevar a que terminemos cambiando, de un día a otro, jurisprudencias aceptadas”. Y finalizó: “Hay algunos que dicen que aumentar el número genera inseguridad. Es posible, pero más grave es el hecho de que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles. Y, sin justicia previsible, vamos a tener un riesgo de inseguridad para mucha gente”.
Para la AGN, el texto de Romero disminuye el mandato de auditores, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. También habla de las remuneraciones, siempre en el ojo de la tormenta: impone que no se perciba “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $9,5 millones en bruto. La integración seguiría en siete: tres diputados, tres senadores y su titular. El kirchnerismo quiere nueve.