El Ministerio de Seguridad designó a Pascual Mario Bellizzi como nuevo jefe del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y a Marcelo Omar Farías como Jefe del Departamento Federal de Coordinación (DFC) de la Policía Federal. La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich, responde a la entrada en vigencia del nuevo Estatuto de la fuerza, establecido por el Decreto 383/2025.
La medida afecta directamente a la estructura de mando de la Policía Federal, ya que ambos departamentos cumplen funciones clave en la investigación y coordinación operativa a nivel nacional. El nombramiento de Bellizzi y Farías se produce tras un proceso de análisis de antecedentes y competencias.
El procedimiento para su designación se enmarcó en el artículo 21 del nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina, que establece que el Jefe de la fuerza debe elevar la nómina de funcionarios sugeridos para los cargos de jefatura en los departamentos mencionados.
La resolución destaca que “luego de haber realizado un exhaustivo análisis y en mérito de sus trayectorias, aptitudes e idoneidad para la función a desempeñar, los Oficiales Superiores propuestos resultan competentes para ocupar los cargos en trato”.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal y el servicio permanente de asesoramiento jurídico del Ministerio de Seguridad intervinieron en el proceso, validando la legalidad de las designaciones.
La decisión se produce en el contexto de la reciente reforma del Estatuto de la Policía Federal, que introdujo nuevos procedimientos para la selección y nombramiento de altos mandos.
A mediados de junio, el presidente Javier Milei, junto a los ministros Guillermo Francos y Patricia Bullrich, firmó el Decreto 383/2025 que aprobaba un nuevo Estatuto y un proceso integral de reforma y modernización para la Policía Federal Argentina (PFA). La medida redefinió la misión de la fuerza, priorizando la investigación de delitos federales y complejos, y estableciendo un programa de modernización tecnológica y de recursos humanos.
La decisión se tomó ante la necesidad de adaptar la PFA a los cambios normativos, sociales y tecnológicos ocurridos desde la aprobación de su anterior Ley Orgánica en 1958.
El nuevo Estatuto establece que la misión principal de la PFA es “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.
El texto oficial remarcó que la fuerza se reorienta hacia una policía de investigación, dejando de lado tareas de seguridad local. El decreto instruyó al Ministerio de Seguridad Nacional a redefinir el perfil y la cantidad de personal, así como a establecer un cronograma de reducción progresiva de suboficiales y a crear mecanismos para el pase de suboficiales a oficiales en función de sus méritos y formación.
Entre los puntos centrales, el decreto creó el Programa Presupuestario “Modernización de la Policía Federal Argentina”, destinado a la adquisición de bienes, soluciones tecnológicas y rediseño de procesos. El ahorro generado por la reducción de personal ingresante se reasignará a este programa, que tendrá como objetivo principal la mejora de los procesos de investigación y la articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
El decreto también facultó al Ministerio de Seguridad Nacional a exceptuar a los oficiales superiores del retiro obligatorio y, si fuera necesario, reincorporar a quienes ya se encuentren retirados.
Además, instruyó la creación de un Programa de Ingreso y Formación de Universitarios ya Graduados, con incentivos y formación diferenciada, siguiendo modelos internacionales como el del FBI de Estados Unidos.
El proceso de reforma incluyó la modernización de los programas de formación y capacitación existentes, la implementación de sistemas de información y evaluación de desempeño, y el fortalecimiento de la Dirección General de Asuntos Internos, que tendrá mayor autonomía y un vínculo funcional con el Ministerio de Seguridad Nacional.
La medida se dictó en el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que declaró la emergencia pública y delegó facultades al Poder Ejecutivo para reorganizar organismos estatales.