La Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó que los principales acusados por el caso de Julio “Chocolate” Rigau serán juzgados en un juicio oral por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, tal como había determinado el juez Guillermo Atencio al cerrar la investigación. Se trata de Facundo y Claudio Albini, los jefes del puntero del PJ. En cambio, los 48 dueños de las tarjetas de débito solo serán acusados por la defraudación.
A fines de mayo, el juez Atencio elevó la causa a juicio y diferenció la situación de los acusados. La decisión fue apelada por los abogados de los Albini y tuvo que intervenir nuevamente la Sala III de la Cámara de La Plata.
En una resolución, el tribunal confirmó la doble acusación contra los Albini, la misma que recayó sobre el puntero del PJ. Los tres ahora esperan que se defina una fecha para el comienzo del juicio oral.
En la causa se probó que la cabeza de la organización estaba a cargo de Claudio Albini, que revestía el cargo de subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense.
La fiscal Betina Lacki determinó que Albini recibió varias de las tarjetas utilizadas y que tuvo encuentros con Rigau antes y después de las “giras de recaudación”.
Al ex concejal Facundo Albini lo hundieron los chats y los audios encontrados en el teléfono de Rigau.“Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”, fue uno de los mensajes que le mandó al puntero.
Después de cada recaudación, Rigau le rendía a Facundo Albini los comprobantes de los movimientos bancarios. Hay decenas de fotos. Uno de esos tickets correspondía a la tarjeta de Perla de Micheli, la suegra del ex concejal.
En otra resolución, a la que tuvo acceso Infobae, el tribunal también confirmó el sobreseimiento de los 48 dueños de las tarjetas por el delito de asociación ilícita. De esta manera, solo serán juzgados por un fraude.
La Cámara tuvo que intervenir nuevamente por una apelación de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien pretendía que todos sean juzgados como parte de una organización. “La valoración que realiza el juez garante en relación a que no resulta razonable que todos y cada uno de los contratados -’tarjeteros’- hayan concertado la maniobra tomando parte para que pudiese concretarse la maniobra delictiva de la Asociación Ilícita, deviene genérica y sin fundamentación, toda vez, que se limita a desvirtuar la participación endilgada por este Ministerio Público Fiscal a los imputados -’tarjeteros’- como miembros activos de la asociación ilícita con un escueto argumento convictivo, sin certeza ni fundamento probatorio sostiene una supuesta falta de razonabilidad, que no se condice con todos los elementos probatorios reunidos en autos que acreditan suficientemente la participación, aporte, permanencia y voluntad de pertenencia de cada uno de los imputados a la organización criminal investigada constituida para defraudar al erario público y que fuera detalladamente descripta en la materialidad ilícita del requerimiento de elevación a juicio”, planteó la fiscal contra el fallo de Atencio.
La Cámara, con el voto de, ratificó que los dueños de las tarjetas eran ajenos a la organización y colaboraron para obtener una obra social o una jubilación. “La asociación ilícita exige la cohesión del grupo el que debe plasmarse en el acuerdo previo para cometer delitos en una convergencia intencional con carácter estable, esto es, no transitoria. De otro lado, aunque no es necesario que sus miembros se conozcan entre sí, cada uno de ellos debe tener y exteriorizar su voluntad de ligarse a ese pacto lo que en el caso, a su respecto no ha quedado debidamente acreditado”, dice el fallo.
Entre los dueños de las tarjetas aparecen dos de los hijos de Rigau, Gerardo Roman (trabajaba en el hipermercado Chango Más) y Maximiliano Gastón (empleado de una distribuidora de aguas y gaseosas), un huevero, un albañil, y hasta una ama de casa.
Otro caso llamativo fue el de María Amanda Albino, quien declaró un domicilio en la calle 55 de La Plata, pero se terminó confirmando que de lunes a viernes vivía en la ciudad de Chivilcoy, a 220 kilómetros de la Legislatura. “La inconsistencia y contradicciones de la situación de Albino es solo uno de los ejemplos de la “informalidad” de las contrataciones de los agentes involucrados en las maniobras investigadas, donde la investigación preliminar de la Cámara de Diputados no ha reparado ni siquiera efectuado un comentario al respecto”, cuestionó la fiscal Lacki cuando pidió que todos sean juzgados por los mismos delitos.
Pese a las irregularidades administrativas encontradas dentro de la Cámara de Diputados bonaerense, la investigación judicial solo apuntó a Claudio Albini. Nunca fueron citados funcionarios clave como Miguel Antonio De Lisi, que sigue ejerciendo el cargo de secretario administrativo. “Estaban todos los partidos políticos involucrados, hubo control de daños”, admitió un funcionario que sigue formando parte de esa estructura.
La maniobra que tuvo a “Chocolate” como la cara visible significó un perjuicio a la provincia de Buenos Aires de más de 800 millones de pesos. También se estableció que el fraude comenzó en 2022, cuando Claudio Albini fue nombrado como subdirector de Personal. Esa fecha coincidió con la contratación de al menos seis imputados.