Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), consideró que Cristina Kirchner debe cumplir su condena en una cárcel común y no con prisión domiciliaria. En ese sentido, aseguró que la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la sentencia por corrupción “no deja lugar a más planteos ni dudas” y rechazó los argumentos que encuadran la situación de la ex presidenta en una supuesta persecución.
“Acá no se trata de una venganza, mucho menos de una persecución como alega el kirchnerismo. Se trata de afianzar la justicia que ha quedado determinada a través de un fallo ya en última instancia de la Corte Suprema, donde deja firme sin ningún lugar a más planteos ni dudas la sentencia condenatoria considerando a Cristina Fernández de Kirchner como autora del delito de corrupción”, afirmó.
Federici recordó su papel durante el juicio por la causa Vialidad y mencionó que desde la UIF aportaron pruebas clave durante su gestión al frente del organismo. “Nosotros querellamos en esta causa, aportamos una parte considero humildemente valiosa de la prueba en su momento. Yo firmé la acusación penal contra Cristina Kirchner y los demás autores de estos delitos, y tuve la oportunidad de también estar cara a cara frente a ellos en la primera audiencia del juicio, justo antes de que terminara nuestra gestión”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia.
El abogado también lamentó que la sentencia no haya incluido la calificación de jefa de una asociación ilícita, aunque reconoció que ese planteo fue rechazado por la Corte. “La verdad que a nosotros nos hubiese gustado verla condenada también como jefa de la asociación ilícita. Así lo sostuvimos y lo sostuvieron también los fiscales de juicio, el fiscal de Casación, el propio Procurador General. Las pruebas considero que fundaban de sobra esta posibilidad”, señaló.
Federici insistió en que el cumplimiento de la pena debe ser en una prisión federal. “Mi expectativa hubiese sido y sería todavía que el Tribunal disponga que la pena se cumpla efectivamente en una prisión federal. Y acá no solo por la gravedad institucional detrás de los hechos que se cometieron, sino por el poder que aún conserva Cristina Fernández de Kirchner, que creo, considero como lo he expresado, no puede ser trivializado”, planteó.
En ese sentido, remarcó que el beneficio de la prisión domiciliaria no es un derecho garantizado sino una opción a criterio del tribunal. “La prisión domiciliaria en razón de la edad no es un derecho garantizado, sino un beneficio que puede o no otorgar el tribunal. Nuestra posición, mi posición, sería que acá se dan elementos como para justificar una prisión efectiva en una prisión federal para asegurar la eficacia en la implementación de la pena”, sostuvo.
El ex titular de la UIF comparó la situación con el caso de Amado Boudou y argumentó que los fundamentos utilizados en esa ocasión podrían aplicarse ahora. “En el caso Boudou, donde nosotros también fuimos querellantes desde la UIF en el juicio y solicitamos la aplicación efectiva de una pena de prisión con la sentencia condenatoria ante el tribunal, los argumentos que usamos, que después fueron avalados por la Cámara Nacional de Casación Penal, entendemos que podrían ser aplicables acá”, explicó.
Además, advirtió sobre la posibilidad de que el poder político y económico de la ex presidenta influya en la aplicación de la pena. “No estamos hablando de ciudadanos comunes, estamos hablando de ciudadanos que ejercen un poder político que no puede ser trivializado. Un poder económico también, que todavía a Cristina no se la ha despojado. Le queda muchísimo dinero escondido que le podría permitir también pagar voluntades y dificultar la efectiva aplicación de la pena”, señaló.
Para Federici, la prisión domiciliaria no garantizaría el cumplimiento real de la condena. “Las personas que están detenidas con prisión domiciliaria gozan de ciertos beneficios que quienes están en la cárcel se encuentran privados de tener. La posibilidad de estar en su casa con visitas permanentemente, de por ejemplo, asomarse a un balcón y agitar a todo un grupo de personas que la viene a apoyar, a seguir todos los días, y de generar los disturbios que eso representa”, indicó.
También planteó objeciones respecto al uso de dispositivos de comunicación desde un entorno doméstico. “De usar incluso instrumentos de comunicación también. En la cárcel debería estar privada de esos beneficios, como lo están la mayoría de los presos. O como deberían estar, mejor dicho”, agregó.
Finalmente, consideró que la situación actual ya presenta indicios de posibles complicaciones. “Los gestos, los actos que se han visto en estos últimos días, dan un indicio de que habilitar a esta persona con el beneficio de la domiciliaria podría traer complicaciones que terminemos lamentando. Desde el punto de vista de lograr materializar el efectivo cumplimiento de la pena de prisión, tal como debe ser”, concluyó.