La decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad generó una inmediata reacción en distintos sectores del sindicalismo argentino.
Varias organizaciones gremiales anunciaron medidas de fuerza, entre paros y movilizaciones, como respuesta a lo que consideran una maniobra de persecución judicial.
Uno de los primeros en pronunciarse fue ATE Capital, que declaró un paro y movilización en rechazo al fallo. “El pueblo organizado no va a permitir este grave atropello”, sostuvo el gremio a través de un comunicado en el que también afirmaron: “Paramos y movilizamos, defender a Cristina es defender la democracia”.
La conducción del sindicato estatal, encabezada por Daniel “Tano” Catalano, participó de una reunión con otros dirigentes gremiales, inicialmente convocada en la sede de SMATA y luego trasladada al Partido Justicialista, donde también estuvo presente la expresidenta.
En ese contexto, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, difundieron un documento conjunto bajo el título “Contra la proscripción de Cristina – En defensa de la democracia”. En el texto, firmado por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, manifestaron un rechazo anticipado al fallo, al que calificaron como “un operativo judicial”.
Afirmaron que se trataba de una acción ejecutada por el “triunvirato que ocupa la Corte”, al que acusaron de actuar como “brazo ejecutor de los poderes fácticos”.
“La sentencia contra CFK estaba escrita antes de que comenzara el juicio”, aseguraron en el comunicado. Para ambas centrales, la resolución del máximo tribunal constituye una “vendetta política” que apunta directamente contra las conquistas populares alcanzadas en los últimos años.
“Ratificamos nuestra disposición a enfrentar la proscripción tal como lo hicimos en otros momentos críticos de la historia argentina”, advirtieron, evocando resistencias previas contra dictaduras y gobiernos de facto.
En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, expresó su repudio a lo que definió como un “ataque que recibe Cristina Fernández de Kirchner de la Justicia”. La CATT, que nuclea a más de treinta sindicatos del transporte terrestre, aéreo, ferroviario, portuario y fluvial, sostuvo: “Nos pronunciamos en contra de la proscripción y la persecución política contra CFK”.
El comunicado de la CATT remarcó una “creciente utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución y proscripción política”, particularmente en períodos electorales, mediante “fallos irregulares y operaciones mediáticas que intentan condicionar la voluntad popular”.
Schmid, quien además encabeza la FeMPINRA, comparó la situación con lo ocurrido en Brasil con Lula da Silva, al señalar: “Se reproducen medidas de dudosa legalidad promovidas por actores poderosos que nunca abandonan la escena política, aunque no se vean”.
En la misma línea, la CATT subrayó: “No tendremos democracia plena sin la libre participación de todos y todas”. Por ello, expresaron su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, a quien definieron como “quien fuera dos veces presidenta del país”.
El anuncio de estas medidas se dio en un marco de expectativa por una resolución que ya había comenzado a movilizar al sindicalismo. Mientras desde el oficialismo se hablaba de “respetar las instituciones”, sectores del peronismo y del movimiento obrero preparaban distintas acciones que incluyeron concentraciones, cortes sorpresivos y planes de lucha a desplegarse en las próximas horas.
El escenario, marcado por la tensión entre la dirigencia sindical y el gobierno, también quedó atravesado por un malestar creciente dentro de las filas gremiales frente a lo que consideran una falta de diálogo con la Casa Rosada.
Esa lectura fue planteada por Andrés Rodríguez, titular de UPCN, quien describió un “conflicto continuo” derivado de la actitud “tan cerrada” del Ejecutivo nacional.
Desde el Instituto Patria no descartaron que otras organizaciones más alineadas con el kirchnerismo decidan adoptar medidas similares, en lo que ya se configura como un capítulo más de la disputa entre el sindicalismo combativo y el poder judicial.