Luego de que se registrara un aumento del más del 400% en los amparos presentados por los usuarios del sistema de salud, el Gobierno nacional oficializó la creación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una medida que surgió como herramienta para darle respuesta a los reclamos de los ciudadanos.
Por medio de la publicación del Decreto 379/2025 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei aprobó la modificación del artículo 6° de la Ley N° 26.589 de Mediación y Conciliación. De esta manera, las personas que presenten un reclamo contarán con la posibilidad de optar por una vía prejudicial, en este caso PROMESA, algo que no estaba contemplado en el escrito anterior.
“Apruébase el ‘PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PREJUDICIAL EN MATERIA DE SALUD’ (PROMESA), aplicable a los casos comprendidos en el artículo 6°, inciso b) de la Ley N° 26.589 y sus modificatorias", establecieron en el artículo 2° de la normativa.
De la misma manera, se determinó que el Ministerio de Justicia sea el organismo que tome intervención en las causas judiciales, como consecuencia al incremento de litigiosidad en el ámbito sanitario argentino en los últimos años. Por este motivo, quedará bajo su responsabilidad delinear el reglamento de normatividad y operabilidad a aplicar.
En línea con esto, el propósito principal consistirá en facilitar la resolución de los conflictos que presentan los usuarios del sistema de salud, a la vez que buscará evitar la judicialización y desalentar la proliferación indiscriminada de amparos. Así, PROMESA funcionará como una instancia optativa, diseñada para resolver disputas de forma ágil y con menores costos.
Según los datos oficiales recabados por Infobae, el aumento en los amparos iniciados respecto al sistema de salud comenzó a registrarse desde el 2022. Aunque en 2023 se notó una suba del 20,62% de los casos, la cifra escaló en un 471,79% en 2024.
Por su parte, el Ministerio de Salud tendrá un papel central en la capacitación obligatoria de los mediadores, con el objetivo de asegurar su idoneidad en casos que involucren problemáticas sanitarias. No obstante, solo participará en los procesos de mediación cuando así lo soliciten las partes o en situaciones excepcionales donde su intervención sea considerada necesaria para favorecer un acuerdo.
“Resulta indispensable, como requisito excluyente, la implementación de programas de capacitación obligatoria para los profesionales que ostenten la calidad de mediadores en controversias en el ámbito de la salud”, señalaron las autoridades al subrayar la importancia de coordinar esfuerzos entre los ministerios de Justicia y Salud.
A pesar de que la creación del procedimiento entró en vigencia con su respectivo anuncio en el Boletín Oficial, las autoridades remarcaron que el sistema comenzará a funcionar en los próximos 60 días. Es decir, que estará disponible a partir del mes de agosto.
Una vez que la medida se encuentre lista para ser puesta en funcionamiento, las autoridades explicaron que el procedimiento establecerá plazos cortos para darle celeridad a los trámites. En este sentido, establecieron que las actuaciones del mediador y la concreción de las audiencias deberán cumplirse en un plazo que variaría entre 5 y 7 días.
Para participar en las mediaciones será obligatoria la asistencia de un abogado; además, se garantiza el acceso a patrocinio jurídico gratuito para quienes no cuenten con recursos suficientes. Asimismo, destacaron que PROMESA deberá ser replicada por el resto de las jurisdicciones, entre ellas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otro lado, el mismo decreto asentó otra modificación respecto al funcionamiento del Registro Nacional de Mediación. Específicamente, sobre el Registro de Mediadores, debido a que se considerarán a los mediadores, mediadores familiares y mediadores en materia de salud.
“Tendrá a su cargo la autorización, la habilitación y el control sobre el desempeño de los mediadores”, dispusieron. Asimismo, continuarán en vigencia el Registro de Centros de Mediación, el Registro de Profesionales Asistentes, y el Registro de Entidades Formadoras, los cuales quedarán bajo la órbita del Ministerio de Justicia.