En una medida que avanza sobre el rediseño estructural del aparato estatal, el Gobierno ratificó la conversión legal de la tradicional Casa de Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.). La empresa encargada de la impresión de billetes y acuñación de monedas de curso legal había sido intervenida a finales de octubre de 2024.
Concretamente, el Decreto 295/2025, publicado en el Boletín Oficial esta madrugada, consolida un proceso iniciado en diciembre pasado con la Asamblea General Extraordinaria que aprobó la transformación “ad referendum” del Poder Ejecutivo y define el nuevo estatuto jurídico de una de las instituciones más emblemáticas del Estado argentino.
El documento lleva las firmas del presidente, Javier Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y se enmarca en el esquema de reforma del sector público delineado en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en múltiples áreas hasta fin de año. En ese contexto, el artículo 51 de la norma habilitó una transición de 180 días para convertir las empresas estatales en sociedades regidas por la Ley General de Sociedades.
Aunque jurídicamente la mutación es significativa, el proceso no implica por ahora una pérdida de control estatal: el Estado nacional continúa siendo el único accionista, tal como quedó estipulado en el nuevo estatuto aprobado oficialmente.
Según se desprende del propio decreto, la conversión tiene como finalidad “optimizar la eficacia y la eficiencia” de la gestión, mediante un cambio en la estructura jurídica que permita mayor flexibilidad operativa. El estatuto ratificado por el Gobierno fija una duración de 99 años para la sociedad, contados desde su fundación en 1977, y mantiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El texto también menciona que el objeto social de la nueva empresa fue ampliado y sistematizado para reflejar de manera precisa las actividades actuales de la institución, que ya no se limitan exclusivamente a la impresión de billetes. Las cinco unidades de negocio activas son: la fabricación de dinero circulante, la producción de instrumentos fiscales de control y trazabilidad, la confección de pasaportes, la elaboración de chapas patente y los servicios de destrucción y atesoramiento de billetes para el Banco Central.
El nuevo estatuto de la Casa de Moneda S.A.U. detalla un amplio espectro de actividades que podrá desarrollar tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas, se incluye la impresión de documentos especiales, la producción de software y soluciones tecnológicas vinculadas a trazabilidad, inteligencia artificial y plataformas transaccionales, así como la administración de servicios de pagos digitales y bienes electrónicos.
En términos de gobernanza, la sociedad estará dirigida por un directorio compuesto por tres miembros titulares, con posibilidad de ser reelegidos indefinidamente, y fiscalizada por una comisión integrada por tres síndicos titulares y tres suplentes. La normativa también contempla la posibilidad de realizar reuniones no presenciales mediante sistemas de transmisión simultánea de audio y video.
El capital social fue fijado en 123.519.854 pesos, dividido en igual número de acciones nominativas no endosables, de un voto cada una. Todas estas acciones fueron suscriptas íntegramente por el Estado nacional.
En el mismo acto administrativo, el Poder Ejecutivo prorrogó por 120 días corridos la intervención de la Casa de Moneda S.A.U. dispuesta inicialmente por el Decreto N° 964/2024, y ratificó la continuidad del interventor Pedro Daniel Cavagnaro. Esta decisión responde a que el proceso de transformación aún no concluyó en su totalidad, particularmente en aspectos de adecuación organizativa y operativa, según detalla el informe elaborado por el propio interventor.
De este modo, el Gobierno refuerza su hoja de ruta en materia de reestructuración estatal, dotando a la Casa de Moneda de un nuevo formato jurídico sin alterar por el momento su condición patrimonial. A partir de ahora, la institución queda bajo un régimen societario que podría facilitar futuras decisiones estratégicas en materia de modernización tecnológica, alianzas público-privadas o apertura parcial al capital privado.