(Desde Washington, Estados Unidos) La prohibición de ingreso de Cristina Kirchner a Estados Unidos es un gesto político de Donald Trump para ratificar su alianza estratégica con Javier Milei. Trump tomó en cuenta los argumentos jurídicos presentados por Marco Rubio -secretario de Estado-, que desde hace años exige que se aplique ese castigo migratorio inédito contra un presidente de la Argentina.
“Es una cleptócrata convicta que robó miles de millones de las arcas estatales y permitió que actores malignos como China e Irán concentraran su influencia corrupta en un aliado crítico de Estados Unidos, como es Argentina”, sostuvo Rubio cuando era senador de Florida en una carta que le envió al entonces presidente demócrata Joe Bien junto a sus colegas Jim Risch, Rick Scott, Bill Hagerty y John Cornyn.
Y añadió Rubio junto a los restantes legisladores republicanos:
“Estos casos de corrupción tuvieron lugar mientras Argentina se veía abocada a la bancarrota y la hiperinflación bajo la presidencia de Fernández de Kirchner, lo que permitió importantes transacciones financieras entre el gobierno de Argentina y China, Rusia y Venezuela”.
Con estos antecedentes que Rubio esgrimió muchísimo tiempo antes que Trump presentara su candidatura en el partido Republicano, el secretario de Estado planteó el caso al Presidente de los Estados Unidos. Trump avaló la acción legal de Rubio, que se informó ayer oficialmente.
La imposibilidad de ingresar a los Estados Unidos, no solo alcanza a CFK. El Departamento de Estado incluyó en su resolución a Florencia y Máximo Kirchner, al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y a su esposa Alessandra Minnicelli.
“CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina” sostiene la resolución firmada por Rubio.
Rubio apoyó la sanción contra Cristina, sus hijos Florencia y Máximo, De Vido y su esposa Minnicelli en el artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados actualizada en 2025.
“La sección 7031(c) exige al Secretario de Estado que designe de manera pública o privada a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que el Secretario tenga información fidedigna de que estén implicados en corrupción significativa o en grave violación de derechos humanos”, se sostiene en los fundamentos de la iniciativa de la administración republicana.
Esto implica que la decisión del Departamento de Estado se vincula directamente a la prohibición de entrar, pero a continuación -si los afectados tuvieron cuentas bancarias, bienes o cumplen tareas profesionales en Estados Unidos-, sus actividades comerciales, financieras, personales o patrimoniales empezarán a complicarse por la resolución firmada por Rubio.
Al margen de las consideraciones jurídicas, la prohibición del Departamento de Estado fue un gesto político de Trump a Milei, que sufre los constantes embates de CFK y sus aliados partidarios en las gobernaciones, las intendencias y el Congreso
En la Casa Blanca y el Departamento de Estado se recibieron informes sobre los debates parlamentarios respecto a la aprobación del DNU que autoriza un nuevo programa con el FMI, y allí constaban las posiciones políticas que exhibieron los diputados y senadores que responden a las instrucciones verticales de Cristina Fernández.
En este contexto, Trump y Rubio no hicieron más que ratificar que piensan de CFK y cómo valoran la llegada de Milei a Balcarce 50. La expresidente hizo un Memo con Irán por la causa AMIA, siempre negó que el fiscal Alberto Nisman haya sido asesinado, y mantiene lazos fluidos con las dictaduras de Cuba y Venezuela.
Esta agenda histórica de Cristina, en las antípodas de Trump, Rubio y Milei, terminaron de conformar la decisión migratoria inédita contra un mandatario argentino, que es inapelable.