El Gobierno nacional dejó sin efecto una serie de programas sociales y culturales, gestionados por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de “lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos”.
Las iniciativas fueron dadas de baja mediante la publicación de once resoluciones del Ministerio de Capital Humano, publicadas esta madrugada en el Boletín Oficial.
Uno de los programas que llegaron a su fin es Participar en Comunidad, que tenía como objetivo “promover una mayor participación y articulación de las instituciones, organizaciones y actores de la comunidad a fin de responder de manera integral a las demandas y necesidades locales planteadas en territorio, principalmente de los sectores más vulnerables, favoreciendo el abordaje integral de las políticas sociales, mediante el fortalecimiento de los Centros Integradores Comunitarios y los actores que los conforman, como así también la realización de acciones tendientes al Fortalecimiento para el Desarrollo Humano”. Así lo dispone la resolución 143/2025.
Por otro lado, dieron de baja el Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos, a través de la resolución 144/2025. Esta iniciativa tenía como fin “el fortalecimiento del niño como sujeto de derechos y ciudadano a través de la promoción y divulgación de sus derechos, a fin de garantizar su desarrollo pleno, integración familiar y comunitaria, priorizando su ‘centro de vida’”. En este marco, se creó el Centro de Promoción de Derechos (CPD).
El Gobierno nacional derogó (resolución 146/2025) también los programas Espacio Unzué, Espacio Sarmiento, Espacio Crescencia Boado de Garrigós y Colonia Gutiérrez e Inchausti. Todos ellos se habían creado como un lugar para promocionar “la convivencia familiar; fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas”.
A su vez, mediante la resolución 147/2025, dejaron sin efecto la norma que instrumenta el funcionamiento y misiones de las delegaciones denominadas Centros de Referencias, que funcionaban como “instrumento de afianzamiento de la presencia institucional del Ministerio en el territorio nacional”.
Dentro de los programas derogados se encuentran también el plan Jugando Construimos Ciudadanía y Programa Nacional de Derecho al Juego (JUGAR) —resolución 148/2025—. Este último tenía por objetivo “propiciar la producción de conocimiento en la temática del juego en la franja etaria comprendida entre los 0 a 17 años, garantizando de esta manera el derecho al juego de niños, niñas y adolescentes en todo el país”.
Mediante la resolución 149/2025, dieron de baja la aplicación del Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias, que apostaba por garantizar “el derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas de cada niño”.
A la vez, el Gobierno suprimió (resolución 150/2025) la Unidad Técnica para el Abordaje Integral de Derechos. Según alegaron, “se detectaron una pluralidad de entidades, áreas, programas y unidades técnicas cuyas funciones han sido repetidas y superpuestas tornando difusa las responsabilidades y acciones de los organismos que las componen, generando un dispendio jurisdiccional innecesario en la utilización y racionalización de los recursos públicos”.
Con la resolución 151/2025, el Ejecutivo cerró el Departamento de Salud Integral, que buscaba brindar una asistencia directa a aquellos niños y adolescentes que se encontraban en institutos que estaban a cargo de la Secretaría de Niñez.
El Ministerio de Capital Humano derogó (resolución 152/2025) también el Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad, que había sido creado para proteger a los menores, cuyas madres se encontraban privadas de su libertad, ya sea en establecimientos penitenciarios o bajo arresto domiciliario, “garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de estos derechos desde una perspectiva de género y diversidad y; promover la protección integral de los derechos de las niñas y niños hijos de madres que se encuentran privadas de su libertad a nivel federal”.
Con la publicación de la resolución 153/2025, la cartera comandada por Sandra Pettovello cerró la Línea Activar, que tuvo como propósito “el establecimiento de diversas acciones de trabajo con adolescencias, abordadas desde una multiplicidad de acciones tendientes a fortalecer espacios de encuentro y participación, que reforzaren los lazos comunitarios y la autonomía progresiva de los adolescentes”.
Por último, disolvieron el Consejo Consultivo de Adolescentes y el Programa nacional de Derechos a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes (resolución 154/2025).
En cada una de las normas públicas, el Gobierno alega que “resulta indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas o Líneas de Acción así como de la inversión de los recursos públicos”.