Este sábado el presidente Javier Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso y el oficialismo ya dio señales de que una de las primeras iniciativas que buscará debatir será la baja de la edad de imputabilidad.
Tras el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en La Plata cuando dos delincuentes menores de edad robaron el auto de su mamá con ella adentro, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y otros referentes del oficialismo como el vocero Manuel Adorni y el jefe del bloque de diputados Gabriel Bornoroni reclamaron que Diputados apruebe con la mayor rapidez el proyecto enviado por la Casa Rosada a mediados del año pasado.
Sin embargo, el texto elaborado por Bullrich y Cúneo Libarona no es el único con estado parlamentario. También hay otros doce proyectos con estado parlamentario presentados por miembros de casi todas las bancadas.
El año pasado el tema comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. Justamente haberle dado giro a tantas comisiones fue uno de los errores estratégicos que cometió el oficialismo y dificultó el debate.
Por un lado, complicó al Gobierno en la tarea de juntar las firmas para avanzar con el dictamen (especialmente por la comisión de Familia y Niñez donde el oficialismo es minoría). Por otro lado, cuando la comisión de Presupuesto se focalizó en el análisis del proyecto de Presupuesto 2025 -que finalmente nunca fue aprobado- relegó el trabajo sobre los proyectos de seguridad.
En ese sentido, en el oficialismo creen que ahora la comisión de Presupuesto tendrá menos impedimentos para reunirse y que el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil será más rápido.
En general, casi todos los proyectos bajo análisis proponen bajar la edad de imputabilidad. Mientras que el Gobierno pretende que sea a los 13 años, la mayoría pone el límite en 14. Solo los textos de las diputadas de Unión por la Patria Natalia Zaracho y Eugenia Alianiello prevé dejar la edad mínima en 16.
A su vez, en la mayoría de los textos contempla sanciones alternativas a la prisión como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducción o acercamiento a determinadas personas y reparaciones a las víctimas. Además, casi todos los proyectos fijan una pena máxima diferente a la que se aplica a los adultos. Por ejemplo, para el Gobierno debería ser de 20 años, mientras que cerca de la mitad de los textos la fija en 15 años.
El proyecto de Patricia Bullrich y Cúneo Libarona baja la edad de imputabilidad a los 13 para todos los delitos. La pena máxima de prisión será de 20 años, pero se contemplan sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad. Pero solo se aplicarán si los delitos no superan la pena de 6 años, si no hay víctimas fatales y si no hay registros de procesamientos firmes. Finalmente, como política de reinserción pone el foco en los programas educativos, de formación ciudadana y deportivos.
La iniciativa presentada por el massista Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, baja la edad de imputabilidad a 14 años solo para los delitos de acción pública (quedan excluidos los delitos del ámbito privado). No fija una pena máxima de prisión y estipula que si la pena es menor a 6 años el fiscal puede utilizar el criterio de oportunidad para aplicar penas alternativas como la reparación a las víctimas, los servicios comunitarios, la libertad vigilada o el internamiento terapéutico.
El proyecto de la radical disidente de Democracia para Siempre, Ana Carla Carrizo, baja la edad de imputabilidad a los 14 años, sólo para delitos cuya pena máxima fuera superior a 10 años. Propone que la pena máxima sea de 10 años de prisión y también contempla sanciones alternativas como reparación del daño, pedidos de disculpas, tareas comunitarias, prohibición de residencia, tránsito o asistencia a determinados lugares.
El libertario Álvaro Martínez es el más extremo y fija la edad mínima en 12 años para todos los delitos. Fija una pena máxima de 7 años, excepto para delitos graves, con un máximo de 15 años para los menores de 16 años y de 10 años para los menores de entre 12 y 15.
El proyecto del diputado del PRO Martín Yeza baja la edad de imputabilidad a 14 años para los delitos de acción pública y contempla penas alternativas como reparaciones a las víctimas, servicios comunitarias, regímenes de libertad vigilada o internamiento terapéutico que podrán ser aplicadas por el fiscal si la pena es menor a los 3 años de prisión.
Su compañero de bloque Diego Santilli también presentó un proyecto propio donde la edad de imputabilidad se fija en 15 años para todos los delitos, excepto los que prevean penas de prisión máximas iguales o inferiores a 2 años. También contempla penas alternativas como reparaciones a las víctimas, servicios comunitarios, prohibición de residencia o tránsito o de relacionamiento con determinadas personas. Prevé una pena máxima de 15 años para homicidios dolosos y abusos sexuales, y de 10 años para el resto de los delitos.
El texto de Ricardo López Murphy baja la edad de imputabilidad a los 14 años para todos los delitos con una pena máxima de 15 años. Se contemplan penas alternativas como la prohibición de conducción de vehículos, resarcimiento del daño causado, abstención de concurrir a determinados lugares o relacionarse con determinadas personas, servicios comunitarios y abstención de consumo de drogas o alcohol.
Es similar al de la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, que fija penas máximas de 3 años para menores de 14 y 15 años; y de 5 años para los de 16 y 17.
En la misma línea, la radical Roxana Reyes propone en su proyecto penas de prisión en centros especializados sólo para homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual, robos con armas, robos con violencia física hacia personas, secuestros extorsivos. Y las penas máximas serán de 5 años si el joven imputado tiene 14 o 15 años; y de 10 años si el imputado tiene 16 o 17 años.
Finalmente, los proyectos de las legisladoras de Unión por la Patria Natalia Zaracho y Eugenia Alianiello mantienen la edad de imputabilidad en 16 años para los delitos de acción pública con penas superiores a los 3 años.
El texto de Zaracho prevé penas alternativas como reparación del daño, pedido de disculpas, tareas comunitarias y participación en actividades de reflexión. Además, fija la pena máxima de prisión en 15 años.
En cambio, Alianiello plantea que todas las escalas de las penas se reduzcan al grado de tentativa y la prisión perpetua baje a 10 años.