Finalmente, Cecilia Torres Otarola, ex ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, fue condenada este martes por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeria a tres años de prisión en suspenso y recibió una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de haber sido declarada culpable de haber contratado “ñoquis” en el Estado provincial.
A pesar del pedido del fiscal Omar Rodríguez, quien había solicitado una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, la ex funcionaria seguirá libre. En tanto, los otros imputados en la causa conocida como “Ñoquis calientes”, Silvana Cañumil, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, recibieron una condena de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la administración pública como partícipes necesarios en diversos hechos.
Según informó la prensa local, a Torres Otarola, quien ocupó su cargo de ministra durante el gobierno de Mariano Arcioni, se la encontró autora penalmente responsable de cuatro hechos delictivos contra la administración pública y tres en perjuicio de particulares.
La ex funcionaria, quien también fue diputada provincial, deberá además abonar las costas del proceso y cumplir distintas reglas de conducta, entre las que se encuentra mantener el domicilio, presentarse trimestralmente ante supervisión, no consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, como así también no cometer nuevos delitos por el plazo de la pena impuesta, es decir tres años.
La investigación había surgido de una denuncia realizada por el contador Martín Sandoval, quien aseguró que la ex titular del ministerio les había pedido parte de los sueldos tanto a él como a dos asesores que habían sido designados por ella, Erica Paludi y Alexis Gangas. Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, las pruebas presentadas habían sido suficientes para acreditar las exacciones ilegales que pesaron en contra de Torres Otarola.
De la misma manera, Rodríguez remarcó que la ex funcionaria no solo habría provocado un daño material, sino que había generado un “daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones”. Por este motivo, el investigador añadió una solicitud para que la ex titular de la cartera de Desarrollo Humano y Familia chubutense fuera inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
Por su parte, el abogado defensor de Torres Otarola, Romano Cominetti, había presentado un pedido para que la pena no fuera mayor a tres años y que fuera de forma condicional al argumentar que su cliente “no tiene antecedentes policiales, solo ser víctima de violencia de género de parte de su ex marido”.
“Siempre estuvo a disposición y no generó inconvenientes en los 5 años que duró el proceso judicial”, remarcó el letrado.
El fiscal Rodríguez apuntó durante el juicio que Reto Trelles había percibido un total de $424.160 en 2020; Mara Rodera, $242.559; y Facundo Solari Rodera, un monto acumulado de $424.160.
Las irregularidades eran de tal magnitud, que se comprobó que Cañumil, quien percibía un sueldo como empleada de la Legislatura de Chubut, en realidad se desempeñaba como empleada doméstica y niñera en la casa de Torres Otarola, quien de esa manera se ahorraba pagar un sueldo y, además, se quedaba con una parte del mismo. En el mismo sentido, Reto Telles, también con un cargo en el Estado, no era más que el jardinero de la ex funcionaria del gobierno de Arcioni.
En 2020, al darse a conocer la denuncia, Torres Otarola debió abandonar el ministerio. Además, su caso inspiró al actual gobernador, Ignacio Torres, quien al asumir el cargo dispuso la realización de un censo de empleados estatales en su provincia. El mismo derivó en casi dos centenares de despidos.