Kicillof prorrogó el Presupuesto de 2023 y la Ley Fiscal luego de anunciar que la provincia de Buenos Aires empezaba el año en emergencia económica

Finalmente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prorrogó el Presupuesto General 2023 y la Ley Impositiva 2024 para el Ejercicio Fiscal 2025, ante la ausencia de un acuerdo político con la oposición que garantice la sanción de las leyes correspondientes. Este viernes se publicaron las decisiones en el Boletín Oficial bonaerense.

Según explica en el documento, el Poder Ejecutivo remitió los proyectos de Ley de Presupuesto General y Ley Impositiva 2025 el pasado 11 de noviembre de 2024, pero a la fecha dichos instrumentos no han sido sancionados. Amparado en los artículos 3, inciso 2°, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los artículos 26 y 39 de la Ley N.º 13.767, se estableció la continuidad de las normativas vigentes para garantizar la operatividad administrativa.

La prórroga llega luego de la caída de la negociación política con la oposición. El último intento de aprobarlo había sido el viernes 27 de diciembre del año pasado. En esa fallida sesión, la oposición hizo valer su peso en la composición legislativa y no habilitó el tratamiento de los dos tercios para avanzar con el endeudamiento que requería el Ejecutivo. Los distintos bloques sí estaban dispuestos a abrir la negociación para votar el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva, siempre y cuando se le hicieran cambios al proyecto original que elevó Kicillof. La posición del Gobierno fue que se votaran las tres iniciativas juntas o ninguna. Primó la segunda opción.

Ahora, con las prórrogas, el ministro de Economía, Pablo López, tendrá potestad para realizar adecuaciones al presupuesto prorrogado para asegurar el financiamiento de gastos esenciales, en conformidad con el Decreto N° 3260/08 y sus modificatorias.

El Presupuesto 2025, que proyecta un gasto total de 34,3 billones de pesos, incluye la renovación de las leyes de emergencia administrativa, económica, en seguridad e infraestructura, vigentes desde 2019. Además, la Ley Fiscal Impositiva establece un aumento máximo del 28% en el impuesto inmobiliario y del 20% en el automotor, manteniendo sin cambios las alícuotas de los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos.

Encabezada por los bloques del PRO y una facción de la UCR, a la que se le sumó La Libertad Avanza, la oposición presionó fuertemente durante el proceso de negociación, centrando sus demandas en aspectos vinculados al endeudamiento y a cambios específicos en el esquema tributario. Entre las exigencias clave se encuentra la eliminación del artículo 163 del proyecto. Además, los opositores insisten en obtener garantías de que el techo del 28% en el impuesto inmobiliario urbano no será modificado, buscando así evitar cualquier aumento adicional que impacte a los contribuyentes.

En la publicación del Boletín Oficial, se estableció que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Economía emitirán las normas necesarias para la aplicación de la Ley Impositiva prorrogada. Con la extensión de la estructura tributaria de la Ley Fiscal Impositiva, la Provincia podrá seguir emitiendo impuestos bajo el esquema que rigió en 2024. Esto es con aumentos de hasta 200% para la mayoría de las partidas; mientras que la ley que por ahora sigue en debate proponía incrementos del 28%.

Además, la iniciativa que no llegó a tratarse también garantizaba beneficios impositivos. Los mismos eran motivo de negociación, ya que la oposición insistía -e insistirá- en que estén explícitamente incorporados con un articulado propio en la Ley Fiscal 2025.

Tanto Kicillof como su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, habían cuestionado duramente lo que fue el rol de la oposición en la fallida negociación presupuestaria. El mandatario, además, arremetió contra el presidente Javier Milei a quién acusó nuevamente de querer fundir a la Provincia.

“El presidente (Javier) Milei dijo que va a avanzar con la motosierra profunda, o sea que el ajuste va a continuar. Encima nos dejaron sin los recursos del Presupuesto en la legislatura provincial por decisión de la oposición. O sea que la Provincia de Buenos Aires empieza 2025 en emergencia económica”, planteó Bianco este lunes en lo que fue su última conferencia de prensa del 2024.

El funcionario también explicó que la Provincia “no podía esperar”, adelantando que Kicillof iba a prorrogar tanto el Presupuesto —que rige prorrogado desde el 2023, ya que en 2024 tampoco hubo ley de leyes debido al cambio de Gobierno nacional y la decisión de Milei de no tener Presupuesto— y la Ley Fiscal.

La expresión del ministro tiene como destinatario a la Legislatura bonaerense. En la Cámara de Diputados, como en el Senado bonaerense, las conversaciones oposición oficialismo se retomarán la semana que viene con enviados del Poder Ejecutivo para ver si en el correr del mes de enero y febrero se puede llegar a un entendimiento. Mientras, es un secreto a voces, que al Ejecutivo le resulta funcional regirse con la Ley Fiscal Impositiva 2024, que tiene una carga tributaria mayor a la que estaba en discusión.

“Hablé también con el gobernador y está interesado en que agotemos todas las instancias y en que hagamos lo posible para tener estas leyes”, expresó en las últimas horas el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, en declaraciones a Página 12.

Una vez consumada la caída del Presupuesto y la Ley Fiscal, los distintos espacios políticos coincidían off the record que para encontrar explicaciones sobre el no acuerdo había que poner sobre la mesa de negociaciones los distintos cargos vacantes o a renovarse en diferentes organismos provinciales. El Banco Provincia, el Consejo General de Educación o la Suprema Corte de Justicia aparecen como llaves para destrabar el acuerdo.

En lo formal, el pedido de financiamiento presentado por el Gobierno, que incluye un endeudamiento por USD 1.045 millones (artículo 33) y la emisión de Letras del Tesoro por USD 250 millones, fue uno de los puntos centrales del conflicto. La oposición exigió que el 16% de la deuda que planea tomar el Ejecutivo sea destinado a los municipios, a través de un fondo específico. Sin embargo, desde el oficialismo se ofreció inicialmente un 6%, cifra que posteriormente se incrementó al 10%, aunque esto no fue suficiente.