
El gobierno de Axel Kicillof apura las gestiones para darle celeridad al debate del Presupuesto y la Ley Fiscal 2025 que se encuentra en pleno debate en la Legislatura bonaerense. En las últimas horas, mostró una señal en ese sentido cuando en los distintos municipios empezó a impactar el pago de la cuarta cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. Recursos frescos de un programa que los intendentes de la oposición a viva voz y los peronistas -puertas adentro- esperaban para afrontar el cierre de año y garantizar el pago de sueldos y aguinaldos.
El pedido de saldar la última cuota fue una condición innegociable de parte de la oposición para empezar a discutir la llamada ley de leyes y la impositiva que el Ejecutivo provincial giró a la Cámara de Diputados hace algunas semanas. En la última reunión que el ministro de Economía, Pablo López, mantuvo con los presidentes de los bloques opositores, desde la UCR y el PRO particularmente exigieron saldar la última cuota del Fondo en cuestión que, según la ley del Presupuesto 2024, debía girarse antes del 30 de octubre.
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Este miércoles, el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, expuso los alcances de la ley fiscal y la oposición había advertido que irían a la reunión, pero que hasta no se transfiera la cuarta cuota no abrirían la instancia de negociación. Por la tarde noche de este martes el pago empezó a transferirse.
La oficialización llegó este miércoles. Fuentes del ministerio de Economía informaron que la administración de Kicillof “transfirió hoy $38.419 millones a los 135 municipios bonaerenses”, correspondiente a la cuarta cuota del mismo y que de esta forma “se da cumplimiento así al mecanismo establecido en dicha normativa para la transferencia de fondos no reintegrables a todos los municipios de la Provincia durante 2024″.
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El Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal fue una llave que puso sobre la mesa un sector de la oposición para acompañar el Presupuesto bonaerense del año pasado, que incluía un pedido de endeudamiento, además de la Ley Fiscal Impositiva. La “novedad” de este fondo fue que se le dio carácter de libre disponibilidad, a diferencia de otros fondos similares sumados al calor de la negociación en anteriores Presupuestos; una mecánica de entendimiento que rige desde la gobernación de María Eugenia Vidal.
Según Economía “a través de este fondo, este año se transfirieron $125.674 millones a todos los municipios de la Provincia, contribuyendo de manera sustancial a atenuar la caída de recursos sufrida por los gobiernos locales producto de la fuerte recesión por la que atraviesa la economía; y posibilitando a su vez seguir garantizando respuestas a las necesidades de las y los bonaerenses.
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Nombramientos en la negociación
El pago de la cuarta cuota del Fondo también intentará acercar posiciones en el Senado de manera indirecta. En la Cámara alta bonaerense, el oficialismo busca desde la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos el aval para cubrir cargos judiciales en una tanda de 210 expedientes que en los últimos días el Ejecutivo giró al Senado con el objetivo de aprobarlos antes de fin de año, ya en período extraordinario.
Este martes hubo reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde se entrevistaron a 100 postulantes; en una dinámica que repetirán el miércoles y el viernes al filo del cierre del período ordinario para emitir despacho.
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Al primer encuentro, no asistieron los representantes de la oposición, que en la comisión cuenta con siete integrantes, de un total quince. Uno de los argumentos fue la falta de acuerdos de parte del Ejecutivo con diferentes compromisos asumidos, como por ejemplo el pago de la cuarta cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. Los intendentes del radicalismo también vienen exigiendo la cobertura en la prestación de IOMA que los municipios del interior vienen haciéndose cargo. Además de que también objetaron el listado de nombres que giró Kicillof a la Cámara alta a partir de las ternas que le remitió el Consejo de la Magistratura bonaerense.
En este punto, incluso, hubo ruido interno dentro del peronismo. Fue cuando el presidente de la comisión, el senador camporista Emmanuel González Santalla, le envió una nota formal a la vicegobernadora Verónica Magario para que remita ante la comisión el expediente B 460 por el que se solicitaba prestación de acuerdo para designar Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Civil y Comercial de La Matanza a Walter Kunzmann. Ese nombre estaba en la tira que giró el Ejecutivo, pero no llegó a la comisión. En La Cámpora dejan correr que fue el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el que intervino para que no se mueva el trámite de Kunzmann para que en su lugar se eleve la prestación de acuerdo de Laura Mato. Mato es jueza en lo Civil y Comercial Nº 1 del departamento judicial La Matanza. El cortocircuito interno, sumado a la falta de presencia de la oposición en la comisión, demoró todo.
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Impuestos
Las negociaciones están todas interconectadas. La presencia del titular de ARBA en la Legislatura busca también acelerar el tratamiento de las leyes. La oposición sigue objetando el artículo 163 de la ley fiscal. “Por como está redactado, el artículo 163 es un cheque en blanco para subir impuestos. No podemos permitir que avancen con esa discrecionalidad”, sostuvo el jefe del bloque PRO, Agustín Forchieri; que exigió que las bonificaciones queden explícitas en la ley.
Hace referencia a la potestad que tendrá ARBA para definir el coeficiente que establecerá el importe del impuesto inmobiliario y automotor que se aplicará al momento de la emisión de cada cuota, lo cual podrá variar de mes a mes. Girard contestó ante la prensa que “no es así necesariamente”
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“Lo que estamos definiendo, es un incremento con topes del 28% para el impuesto anual y que en todo caso esa cláusula de ajuste lo que te permite es evitar que se licúen las cuotas entre cuotas en línea con la inflación. No es que se pueda aumentar por encima de los topes. Yo di las garantías de que si se aprueba la ley así va a ser implementada”, también dijo que los cambios lo tienen que pedir al ministerio de Economía que es quien redactó el proyecto.
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