Los conflictos en el ámbito de la salud se multiplican, con fuertes reclamos de aumento salarial y de mayores recursos, ante el ajuste del gasto público que lleva a cabo el Gobierno en las instituciones. Es el caso de los Hospitales Garrahan y Laura Bonaparte, donde los médicos y trabajadores profundizaron en las últimas semanas acrecentaron las protestas, en medio de anuncios de reestructuración y cambio de mando de las autoridades.
En ese marco, desde el gobierno de Javier Milei promueven la idea de desprenderse de los centros de salud que quedan bajo jurisdicción nacional. Así lo expresó hoy el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “El tema de los hospitales es un tema que tenemos que clarificar como política nacional. ¿Tiene sentido que Nación tenga a su cargo hospitales o no? La salud es una responsabilidad de las provincias”, planteó.
“La gestión de los hospitales debería estar en manos de las provincias -continuó Francos- . No tiene lógica que la Nación tenga un hospital acá y no lo tenga en otro lugar. Es un tema que tenemos que considerar”.
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El ministro coordinador dio esas definiciones en una entrevista radio Mitre, al ser consultado sobre la situación que atraviesa el Hospital Garrahan, tras el paro de 48 horas en reclamo de aumento salarial. Sobre el establecimiento pediátrico, que tuvo un recambio de autoridades en el Consejo de Administración tras la polémica por el bono de $500.000, dijo que “es un hospital importante para el país, porque marca una política nacional”, pero que “habrá que ver cuál es la mejor forma de su gestión y administración”.
“El problema de la Argentina es cómo sacarle el mejor resultado a lo que se invierte. Ese siempre ha sido el déficit argentino desde las políticas públicas”, subrayó Francos.
El jefe de Gabinete reveló la mirada oficial sobre el rumbo del conjunto de los establecimientos sanitarios de gestión pública nacional. Al igual de lo que ocurre con las empresas estatales y otros organismos nacionales, que fueron cerrados o buscan ser privatizadas, el Gobierno se muestra afín con la idea de desprenderse de hospitales que dependen de los recursos del Estado nacional.
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En el Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, estalló el conflicto a comienzos de octubre, cuando los médicos y trabajadores fueron notificados de que el nosocomio sería cerrado. El jueves pasado, el personal de la institución llevó a cabo una marcha conjunta con el Hospital Garrahan “en defensa de la salud mental” para protestar contra el plan de ajuste impulsado por el Ministerio de Salud.
Luego de varios días de movilización y protesta, el Gobierno pareció dar marcha atrás con la medida y precisó que en realidad la institución afrontará una “reestructuración”, aunque cuestionó el volumen y la magnitud de las partidas que recibe, frente a la cantidad de pacientes atendidos. La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, dijo que “así como está el hospital es inviable” y expresó que la decisión de los cambios surgen de una auditoría de abril de 2023 que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en la que revelaba que se “incumplía con la Ley de Salud Mental y el derecho de los pacientes”.
Actualmente, el Gobierno nacional tiene bajo gestión directa cuatro hospitales nacionales: el mencionado Laura Bonaparte, el hospital Baldomero Sommer, especializado en lepra; el hospital Ramón Carrillo, orientado a la discapacidad intelectual; y el hospital Posadas, ubicado en Morón. Además, cuenta con el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (Inareps).
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Existen otras 7 instituciones públicas de salud a las que Nación transfiere recursos, entre las que está incluida el Garrahan. Son conocidas como Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). En este grupo aparecen hospitales de alta complejidad como El Cruce (Provincia de Buenos Aires-Florencio Varela), Cuenca Alta (PBA- Cañuelas), El Calafate (Santa Cruz), el Esteban Echeverría (PBA), el Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro (PBA-La Matanza) y Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner (PBA-La Matanza).
Estos últimos centros de salud, que funcionan de manera autárquica, ya cuentan con una cesión parcial a las provincias y municipios, que otorgan una parte del financiamiento para su sustento. En el caso del Garrahan, el 20% de los recursos dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.