El médico cardiólogo Mario Lugones se mostró en la última semana como la contracara de su antecesor en el Ministerio de Salud, Mario Russo. Es un área de alta sensibilidad política por los enormes presupuestos involucrados, los intereses cruzados y sobre todo porque implica administrar recursos escasos para curar y cuidar la vida sobre todo de los más necesitados. Más allá de que colaboró desde el principio con el gobierno de Javier Milei, recién el martes pasado asumió su cargo, tras la salida turbulenta del ex funcionario.
Desde la semana pasada, el Ministerio informó que las provincias pueden importar medicamentos desde India, tras una solicitud del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo. Renovó la conducción del Hospital Garrahan y anunció un reordenamiento del hospital de salud mental Bonaparte. Estableció que las prepagas no podrán continuar con la triangulación de fondos desde las obras sociales a partir del 1° de diciembre. Definió un esquema para limitar los precios que pagan hospitales públicos por medicamentos e insumos. Y anunció en las últimas horas un convenio con el PAMI que redujo un 50% los costos de los medicamentos que distribuye la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y la licitación para el tratamiento para la hemofilia que habría generado un ahorro del 80%, entre otras.
Si bien son medidas que tienen un carácter principalmente sanitario, adquieren una dimensión política por la importancia que tiene para cualquier gobierno el cambio de un ministro, como así también por los organismos y sectores involucrados, y por el impacto en materia presupuestaria y de potencial conflictividad en la calle que puede tener la puesta en vigencia de las mismas. Lugones y la viceministra Cecilia Loccisano aceleraron la gestión, con los ejes cardinales que impuso Milei desde que asumió: hacer eficiente el gasto cuidando el déficit cero; y dotar a consumidores y ciudadanos de mayores dosis de libertad.
En concreto, el convenio con el PAMI que se firmó ayer, estableció un “mecanismo de cooperación para la obtención y dispensa de medicamentos que se venían adquiriendo en el marco de la DADSE, utilizando los convenios preexistentes entre el PAMI y la industria farmacéutica, que permitirá ahorrar en promedio un 50% en el costo de adquisición de los mismos”, indicaron fuentes oficiales.
El convenio, de acuerdo a esa explicación, tiene el objetivo de “simplificar los trámites administrativos, agilizar la provisión y el acceso a la medicación por parte de la población beneficiaria de la DADSE y generar un ahorro significativo en los costos de adquisición”. Por ello, el Ministerio de Salud tiene previsto “transferir las partidas para cubrir el gasto que demande la adquisición de dichos medicamentos, que funcionará con un esquema similar al del fondo estratégico con OPS”.
El listado de medicamentos que fue contemplado en la firma del convenio involucra 64 presentaciones y -aclararon los informantes- “es un convenio dinámico que se irá modificando acorde a la demanda de los beneficiarios y los convenios vigentes del instituto”. Este mecanismo de compra complementa a las licitaciones públicas que haga el ministerio en el marco de la DADSE y el Banco Nacional de Drogas Especiales.
El convenio para proveer a la DADSE y la convocatoria a la licitación por la hemofilia, de acuerdo con lo que transmiten colaboradores de Lugones y Loccisano, forman parte de un plan de trabajo más amplio que se diseñó en agosto, cuando la renuncia “por motivos personales” de Russo no estaba en el horizonte. Es que ante el desembarco de la gestión de libertaria pudieron comprobar que “el Estado viene comprando mal y despilfarrando presupuesto hace muchos años, sin usar canales preestablecidos que ya funcionan y funcionan bien”.
En los últimos diez meses, de acuerdo a lo que trascendió en el Ministerio de Salud, se buscó reconstruir los instrumentales básicos de gestión, sobre todo en materia de pagos a prestadores y proveedores. “No se sabe cuánto invierte el Estado en remedios en los hospitales y centros de salud, ni los precios a los que compra, no hay trazabilidad de los tratamientos ni seguimiento de los pacientes, ni siquiera hay una base de datos que informe cuántos amparos se pagan ni a quiénes”, explicaron las fuentes que pidieron reserva.
A modo de ejemplo, PAMI tiene casi 400 mil afiliados activos e inactivos que son pacientes oncológicos en tratamiento. “La cobertura contempla desde estudios de diagnóstico y tratamientos como quimioterapia y rayos (entre otros) al acompañamiento psicológico y cuidados paliativos”, explican, ante las versiones sobre suspensiones generalizadas. Más de 160 mil afiliados obtienen su medicación a través de PAMI, que cuenta con convenios con la industria farmacéutica y canales logísticos establecidos para la dispensa en tiempo y forma de los medicamentos.
Para la gestión del gobierno, la obra social de los jubilados y pensionados está llamado a convertirse “en un actor estratégico que no solo trabaja para los afiliados, sino también para todos los argentinos en situación de vulnerabilidad que no tengan cobertura de salud, ni hayan podido acceder a un tratamiento a través del ministerio de salud de su provincia o secretaría de salud del municipio donde viven”.
Pero el PAMI no es el único organismo que presenta desafíos para la nueva gestión. Los conflictos en el Hospital Garrahan, especializado en pediatría; y el Laura Bonaparte, de salud mental, se iniciaron por cuestiones presupuestarias y derivaron en conflictos con representaciones gremiales. Son situaciones que no se dan en el vacío: tienen los antecedentes de Aerolíneas Argentinas y la discusión por los fondos de las universidades, que provocan reacciones sociales y políticas para enfrentar la implacable motosierra.