La reacción de los trabajadores del Garrahan tras la decisión del gobierno de desplazar al Consejo de Administración

Los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan, que están organizados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), se expresaron en contra de la solicitud de renuncia contra el Consejo de Administración de ese centro de salud que pidió el nuevo ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, luego de que se anunciara que se le iba a otorgar un bono de 500 mil pesos a todo el personal.

Norma Lezana, Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos, advirtió que “las declaraciones de Lugones no sorprenden: es un representante de la salud privada, su concepción es la salud como negocio y que por eso le ‘espanta que el personal del Garrahan reciba un bono por única vez de $ 500 mil pesos. Obviamente: él va a cobrar como funcionario varios millones de pesos por mes, y no vive con un salario por debajo de la canasta de pobreza como los que sostenemos todos los días el hospital pediátrico de alta complejidad más importante de Sudamérica”.

Lezana agregó: “Llevamos 7 semanas de conflicto. Logramos el anuncio de este bono de $ 500 mil pesos que consideramos un paso adelante, pero insuficiente: no pagamos el alquiler “por única vez”, o los servicios, o el transporte o los gastos de comida de nuestras familias. Por eso exigimos que se incorpore al básico salarial de todo el personal”.

“Pero además, le anticipamos al señor Lugones, al ministro (Luis) Caputo y a todo el gobierno nacional: si se meten con el Garrahan, si bloquean el bono, si creen que nos van a atemorizar, no entendieron nada de nada y van a desatar un tsunami de indignación. Ratificamos las medidas de fuerza de 8 y 9 de octubre, incluyendo una movilización al Ministerio de Economía el día 8. Nos va a tener que seguir escuchando porque no nos vamos a rendir: por el derecho a un salario acorde a la canasta que nos merecemos, por el hospital público y porque tenemos orgullosamente la camiseta e identidad del Garrahan”, completó.

En ese contexto, fuentes gubernamentales aclararon a Infobae que los trabajadores cobrarán el bono de $500 mil pesos porque que no se podrá dar marcha atrás con ese pago, pero reafirmaron que se avanzará con la decisión de desplazar a los responsables de la decisión, que son los integrantes del Consejo de Administración del Hospital Garrahan: los médicos Oscar Imventarza (cirujano general, especialista en Trasplante Hepático), Patricia Elmeaudy (sanitarista, médica pediatra), Oscar Pérez (pediatra y médico legista), Andrés Scarsi (médico) y Silvia Prieri (especialista en Planificación y Diseño de Políticas Sociales).

Los trabajadores, que vienen reclamando por una recomposición salarial desde hace 5 meses, realizaron esta mañana un abrazo simbólico al hospital.

Desde Salud, donde Lugones reemplazó a Mario Russo recientemente, le piden la renuncia a los 5 consejeros que son las máximas autoridades del centro de salud y cuerpo colegiado cuyos representantes son cuatro por Nación y uno por la Ciudad de Buenos Aires.

La semana pasada, con Russo aún en su cargo, se había anunciado que se iba a otorgar un aumento del 35 % de los sueldos pero la medida quedó sin efecto con la renuncia del funcionario.

El agravante, según indicaron fuentes gubernamentales, de otorgar ese incremento extraordinario es que el Consejo de Administración implementó esta decisión sin realizar consultas ni evaluaciones previas, lo que generó un fuerte malestar interno.

En el hospital había descontento porque -según la misma fuente-, los miembros del Consejo de Administración tienen un ingreso de $5,5 millones que contrastaba fuertemente con la realidad de los ingresos de los profesionales del centro de salud; para evitar una escalada del conflicto, decidieron dar un bono de 500 mil al resto del personal del centro de salud.

Desde la administración nacional remarcaron que la decisión de pedir la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración se enmarca en la necesidad de dejar bien en claro que todas las resoluciones, incluso en el sector de la salud, deben ser “tomadas con la debida responsabilidad fiscal, siguiendo la premisa del Gobierno Nacional de alcanzar un déficit cero”.