Finalmente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó el proyecto de Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas en la Legislatura bonaerense luego del ida y vuelta que significó la decisión de YPF de instalar la planta de GNL en la provincia de Río Negro en desmedro de la opción de Bahía Blanca. El proyecto de ley que contiene 32 artículos y fue defendido por el ministro de Producción e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, propone exenciones impositivas en el orden provincial; es decir en Impuestos Inmobiliarios, Ingresos Brutos y Sellos.
“Tiene una lógica distinta del RIGI nacional, donde básicamente el régimen de incentivo provincial pone énfasis en el impacto productivo y social por delante del beneficio. Únicamente van a poder acceder al beneficio aquellos proyectos que demuestren que van a generar más valor agregado, más empleo, innovación tecnológica, cuestiones de sustentabilidad ambiental, de género y sustitución de importaciones”, remarcó Costa luego de la reunión con diputados y senadores del oficialismo y la oposición. El funcionario de Kicillof estuvo escoltado por el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, el vicepresidente Alexis Guerrera, y los presidentes de los bloques oficialistas Facundo Tignanelli por Diputados y Teresa García por el Senado.
El proyecto aporta ciertos beneficios para los proyectos que accedan al Régimen provincial. A saber: será de un 30% de exención por cinco años para proyectos que contemplen una inversión de hasta USD 50 millones; 25% por cuatro años cuyos montos vayan de USD 50 millones a USD 200 millones y un 20% de exención durante tres años para quienes contemplen una inversión de USD 200 millones.
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A diferencia del RIGI nacional, la iniciativa bonaerense se abre para proyectos que implican una inversión inicial de cinco millones de dólares. Mientras que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones corre para inversiones superiores a 200 millones de dólares. Con esa ampliación, el Ejecutivo bonaerense busca acercar a las Pymes al régimen provincial. Sin embargo, los proyectos deberán garantizar ciertas condiciones como la proyección de creación de empleo directo e indirecto, discriminando por cada etapa de la inversión, la cantidad de empleo que se genera específicamente en la Provincia, la propuesta de plan de desarrollo de proveedores provinciales -que deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, servicios y/u obras para el desarrollo del Proyecto- y otras condiciones. Una de ellas -que será observada por un sector de la oposición- es la “planificación de las acciones contempladas en el marco del proyecto para avanzar en la equidad de géneros en el ámbito laboral”.
“Por la presentación que hizo es absolutamente subjetivo por parte de la Provincia a quién le queda el beneficio. Pareciera que el beneficio es una materia de requisitos que quedan en cabeza del Ejecutivo de quién va a tener los beneficios impositivos en la Provincia. Costa planteó políticas de género, que según como la empresa tenga su desarrollo de política género van a poder adherir o no al régimen”, objetó el presidente del bloque del PRO en el Senado bonaerense, Alejandro Rabinovich; quien agregó que “la adhesión tiene que ser por cuestiones objetivas y no subjetivas como puede ser la cuestión de género”.
Desde el PRO -que es la segunda minoría en ambas cámaras- también adelantaron que se va a evaluar específicamente la propuesta del oficialismo acerca de otorgar “los menores beneficios a los que más dinero invierten”; pues habrá una exención del 20% para proyectos que invierten USD 200 millones; mientras que para proyectos de cinco hasta 50 millones los beneficios implicará una reducción del 30%.
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El oficialismo ahora deberá buscar los votos de al menos un sector de la oposición para convertir en ley el proyecto que hoy ingresó a través de la Cámara de Diputados. Los bloques no peronistas más duros volverán a pedir que Buenos Aires adhiera explícitamente al RIGI nacional, retomando la discusión de meses anteriores cuando el tema se imponía en medio de la negociación por la locación de la planta licuefacción de gas natural que YPF definió -finalmente- llevar adelante en Punta Colorada, en la zona de Sierras Bajas en la provincia de Río Negro.
“No corresponde a ninguna de la lógica del proyecto nacional, del Gobierno Nacional. Es un proyecto de fomento de inversiones en la Provincia, que tiene tablas de máximo y de mínimo de inversión, con una serie de beneficios provinciales que tienen una determinada lógica, o sea, que no impacte negativamente en el empleo local, que promueva la sustitución de importaciones, que promueva registros de proveedores locales, que apueste permanentemente al desarrollo de la Provincia de Buenos Aires”, remarcó por su parte la senadora Teresa García, presidenta del bloque de UP en la Cámara alta bonaerense.
Incluso la izquierda también manifestó ciertas objeciones al proyecto que impulsó Kicillof. El diputado Guillermo Kane planteó tras la exposición de Costa que “el régimen que propone Kicillof no es un anti-RIGI, es un bonus track para las grandes empresas a costa de los bonaerenses”.
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Ahora, el proyecto deberá tomar estado parlamentario y será girado a comisiones. En la Cámara baja el oficialismo cuenta con 37 diputados de un total de 92; mientras que en el Senado tiene 21 de 46. Es decir que sí o sí deberá llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas.