Proponen cambiar los requisitos para obtener la ciudadanía argentina: “Es más fácil que ser residente permanente”

El senador radical Maximiliano Abad presentó un proyecto para modificar la normativa vigente, que tiene más de 150 años

Maximiliano Abad-UCR
El legislador radical Maximiliano Abad (Prensa Senado)
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El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad (Buenos Aires) presentó un proyecto en la Cámara alta para modificar la activar una nueva ley de ciudadanía y naturalización, ante una normativa vigente que tiene más de 150 años y requisitos considerados “deficientes y poco sustentables”.

Consultado por la iniciativa, Abad manifestó a Infobae que “es más fácil ser ciudadano que residente permanente”. En la actualidad, los requisitos actuales imponen tener más de 18 años cumplidos, residir en la Argentina dos años continuos, y que los interesados expresen su voluntad de ser ciudadanos.

La propuesta del legislador radical ratifica el primer punto. Sobre el segundo, en tanto, aclara que el mínimo de “dos años de residencia legal y continua en el país” deberá ser “inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, con excepción de aquellos extranjeros que tengan cónyuge y/o hijo argentino nativo o por opción y los extranjeros que se encuentren, residiendo en carácter de refugiados”.

Otros puntos que incorpora el proyecto apuntan a “contar con medios de subsistencia legítimos”, “tener conocimientos básicos del idioma nacional”, y “prestar juramento de lealtad a la Nación, a la Constitución Nacional y a sus leyes”.

El proyecto modifica una ley que tiene más de 150 años para obtener la ciudadanía argentina (EFE)
El proyecto modifica una ley que tiene más de 150 años para obtener la ciudadanía argentina (EFE)

“Nuestro sistema actual se encuentra legislado por la histórica ley 346 que, en un sentido visionario, nuestros padres de la patria fundamentaron con un acierto tal que pudo ser sostenida hasta nuestros tiempos. Una ley centenaria lleva consigo una inveterada interpretación jurisprudencial y doctrinaria, otorgándole un valor agregado que debe ser protegido”, señaló Abad en los fundamentos del proyecto.

Luego, el senador explicó que “en el año 1978, durante la dictadura militar, se derogó la ley 346 y, en el gobierno del Dr. -Raúl- Alfonsín, el Congreso de la Nación decidió, por medio de la ley 23.059, restablecer su plena vigencia, manteniendo el criterio de protección del marco normativo fundador de nuestro ser nacional”.

“Sin perjuicio de ello, la actual ley 346 resulta obsoleta y presenta grandes vacíos, producto exclusivamente del paso del tiempo. Con esto, nos damos cuenta que uno de los objetivos esenciales de la presente ley es volver a enaltecer y honrar a la ciudadanía argentina como nuestros padres fundadores lo pretendieron”, agregó Abad.

En otro tramo de los argumentos, el bonaerense detalló: “La justicia federal, quien entiende frente a las solicitudes de ciudadanía presentadas, se encuentra en una situación de colapso administrativo por la cantidad de causas recibidas. Podemos observar, tal como surge de la información, que durante el año 2023 se dictaminaron 7307 causas de solicitud de ciudadanía, el doble de las causas ingresadas en el año 2022 y, en lo que respeta al primer trimestre del 2024, ya se recibieron y dictaminaron 3275 causas (es decir que, en un trimestre, ya se superó la mitad de las causas ingresadas en la totalidad del 2023)”.

“Una modificación a la ley actual reviste un carácter necesario para la justicia, a fin de poder brindar herramientas respecto de los requisitos y procesos que por van a permitir que el curso de las mismas sea el mismo, pero que la cantidad de causas posiblemente disminuyan teniendo en cuenta que la ley actual exige requisitos mínimos, y la ley propuesta exige los requisitos indispensables para otorgar la Ciudadanía Argentina”, finaliza Abad.

En el proyecto también se enumeraron diversos casos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, como el fallo “Liu, Cairong s/ solicitud carta de ciudadanía”, donde se aseveró que la valoración del grado de dificultad en que pudiera hallarse un extranjero que no conoce el idioma castellano, así como la conveniencia de establecer dicha exigencia y determinar sus alcances, son aspectos que escapan al escrutinio judicial.

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