Tras varias idas y vueltas, y presionados por la alarmante situación salarial de docentes y personal no docente, la UCR se prepara para avanzar en la Cámara de Diputados con dos proyectos que incomodan al gobierno nacional por su eventual impacto sobre la política de déficit cero. En la reunión de bloque del martes pasado, los radicales acordaron tratar este mes tres proyectos: el presupuesto universitario, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la declaración de la educación como “servicio esencial” para limitar las huelgas.
No existe un consenso total dentro del espacio. Todos los gobernadores quieren cobrar los desembolsos del FONID adeudados de dos trimestres de 2023 y tener alguna certeza de lo que ocurrirá con esos fondos en el futuro. Sin embargo, algunos mandatarios provinciales no ven con buenos ojos la idea de tensar la relación con el gobierno. “Es un proyecto que va derecho al veto y además impide avanzar con los otros dos temas”, señalaron a Infobae desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo.
Desde el PRO advierten que aprobar la restitución del FONID sería “una declaración de guerra contra el Gobierno” y adelantan que rechazarán cualquier intento de avanzar en esa línea.
En cambio, la preocupación por los salarios atraviesa a todo el bloque. Esta semana, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que informó que los docentes universitarios incrementaron sus ingresos un 71%, mientras que a los empleados del Estado un 58,5% y resaltó que “todos los sectores de la sociedad están poniendo el hombro”.
El vicerrector de la UBA y dirigente del espacio Evolución, Emiliano Yacobitti, denunció que el dato publicado por la cartera que conduce Sandra Pettovello era “falso” porque “contabiliza impactos de acuerdos salariales de los universitarios celebrados durante el año pasado y omite la paritaria completa que el propio gobierno firmó con el resto de los estatales para el mes de febrero”. Además, en diálogo con Infobae, agregó: “Llama la atención que reconoce que la inflación acumulada fue casi el doble que la actualización de los salarios”.
“La idea era esperar hasta la discusión del Presupuesto 2025 pero la situación salarial en la educación se está volviendo insostenible”, explicaron cerca de De Loredo. Y agregaron: “Al principio dejamos que lo manejen los gremios, pero después los rectores, con los que tenemos más contacto, empezaron a pedir que interviniéramos”.
Actualmente no hay proyectos con dictamen que contemplen los salarios docentes. En cambio ya tiene dictamen una iniciativa para regular la actualización del presupuesto universitario por inflación. “La idea sería modificar ese dictamen para que incluya la paritaria salarial”, señaló una diputada. En concreto, barajan una actualización mensual por IPC. La idea de ampliar el dictamen es consecuencia de que descartan que Alejandro Finocchiaro (PRO), presidente de la comisión de Educación”, habilite el debate de un nuevo proyecto.
“Lo único que nos queda es avanzar con esta discusión a partir de los proyectos que ya tienen dictamen. Es una forma de presionar para negociar”, reconocen.
Una sesión especial para debatir el presupuesto universitario ya había sido pedida por el propio radicalismo para el 3 de julio. Sin embargo, De Loredo luego la dejó en suspenso por presión de los rectores, que acordaron por su cuenta aumentos de las partidas para funcionamiento, y de los gobernadores, que negociaban con el Gobierno la Ley Bases y el paquete fiscal. La decisión despertó cuestionamientos internos contra el jefe de bloque desde los sectores que responden a Facundo Manes y Martín Lousteau.
En la bancada radical calculan que contarán con los diputados de Unión por la Patria para llegar al quórum. Aseguran que los gobernadores peronistas también están presionando por la restitución del FONID.
El problema para el bloque que conduce Germán Martínez es su rechazo total a declarar la educación como servicio esencial para limitar las huelgas.
La esencialidad está incluida dentro del dictamen del radicalismo que restituye el FONID. Esto implica que el Estado nacional y las provincias deban “garantizar” el ejercicio del derecho a la educación incluso durante los paros, por lo que tendrán que mantener abiertos todos los establecimientos educativos y los servicios de alimentación. Además, determina un porcentaje mínimo del 30% de asistencia de la nómina de personal docente y no docente durante las medidas de fuerza. Si el paro se extiende por más de 48 horas, ese porcentaje se aumenta al 50%; y si se extiende por más de cinco días, a 75%.
También tiene dictamen otro proyecto que, con el mismo espíritu, declara la educación “servicio estratégico esencial”. La bautizada “Ley Finocchiaro” prevé establecer un piso mínimo de clases a garantizar durante los días de paro, por lo que los gremios y los bloques de la oposición denuncian que busca restringir el derecho a huelga. Determina que se deberá garantizar un mínimo de personal del 30 por ciento en medidas de fuerza que duren hasta dos días, y el porcentaje se eleva al 50 por ciento a partir de los tres días.
Tanto la restitución del FONID como la actualización del presupuesto universitario y los salarios docentes podrían poner en jaque la piedra fundamental del programa económico de Javier Milei: el déficit cero. En ese contexto, la convocatoria a una eventual sesión especial semanas antes de comenzar a discutir el Presupuesto 2025 tensionar al máximo la relación entre el Gobierno y los sectores dialoguistas.