El Gobierno nacional avanza con sus intenciones de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. En este contexto, el proyecto ya se encuentra en el Congreso a la espera de que comience su tratamiento.
El anuncio estuvo a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la iniciativa, quien informó que el borrador de la Ley Penal Juvenil había sido enviado al Poder Legislativo. “Tenés 13 años: si las hacés, las pagas”, así comenzó su mensaje la funcionaria.
“Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, este es el primer Gobierno que se anima a dar este paso firme a la justicia real. La impunidad se termina ahora. No más excusas: quien comete un delito pagará las consecuencias”, indicó en sus redes sociales.
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El proyecto había sido presentado públicamente a finales de junio mediante una conferencia de prensa, que fue encabezada por Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, titular de la cartera de Justicia, ya que se trata del resultado de un trabajo conjunto entre ambos ministerios.
El principal objetivo de esta iniciativa es “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por menores” y, de esta manera, poder “combatir el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil”, de acuerdo con lo que expresaron los ministros en esa oportunidad.
“Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”, agregaron.
Por esto mismo, el proyecto de ley propone establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil que contemplará que los adolescentes de entre 13 y 18 años sean imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. A su vez, también recaerá una sanción sobre aquellas personas mayores que actúen como instigadores.
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En el proyecto, al que accedió Infobae, uno de los principales ejes es la creación de “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo” para alojar a los detenidos. En esa línea, propone que se les comunique “la imputación y demás actos procesales” a los padres de los menores involucrados en delitos. Por otro lado, la iniciativa hace especial énfasis en la protección de las víctimas. “El juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas”, establece.
La legislación vigente en el país fija la edad de imputabilidad en 16 años. Sin embargo, según alegó Cúneo Libarona al presentar el proyecto, este régimen fue establecido en 1980 y el Gobierno considera que necesita ser actualizado.
“Así como está es ilegítimo, insatisfactorio. Es incuestionable que el chico de 13 años de ahora no es el mismo que el de esa época. Nadie puede decir que no puede tener conciencia de lo que hace a esa edad”, argumentó.
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Por su parte, Bullrich expresó que el hecho de que los menores que delinquen e infringen la ley “no tengan condena es la peor condena como país”. “Si no se reduce la criminalidad juvenil es imposible un desarrollo sostenible y la cohesión social de la Nación”, aclaró.
Bullrich hizo hincapié en que para las penas que vayan de 3 a 6 años habrá alternativas concretas para los menores que sean condenados y que no estarán simplemente encerrados sin salida en una cárcel. “Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló.
Desde el Gobierno entienden que la aprobación del proyecto durará unos meses, puesto que deberá atravesar todo el proceso legislativo, es decir la discusión en diferentes comisiones y la exposición de cientos de expertos en la materia para poder alcanzar un dictamen y llegar a las cámaras, por lo que recalcaron que la iniciativa responde a una “demanda de la sociedad”.
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