Mientras crece el escándalo por las denuncias contra organizaciones piqueteras por supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales, Juan Zabaleta, quien fuera ministro de Desarrollo Social durante el Gobierno de Alberto Fernández, admitió que durante sus casi dos años de gestión ya había detectado ese tipo de maniobras y que recogieron testimonios que confirmaban el pedido de dinero y las presiones para participar de movilizaciones.
Zabaleta reveló que el 21 de agosto de 2021,10 días después de asumir su cargo, hubo una primera marcha piquetera en la que empezaron a registrar ese tipo de denuncias.
“Nosotros tomamos la decisión en la gestión cuando lo veíamos. A nosotros nos pasaban estas cosas. Nosotros asumimos el 11 de agosto de 2021, el 21 tuvimos la primera marcha, y ahí empezamos a ver este tipo de situaciones con un movimiento social de la zona de Grand Bourg y San Miguel, donde nos contaba la gente que les pedían plata todos los meses del Plan Potenciar y los obligaban al colectivo. Automáticamente hicimos una auditoría de esa organización social y terminó casi desapareciendo de la calle”, afirmó.
Durante una entrevista con Radio Continental, el exintendente de Hurlingham calificó como “un hijo de puta” y “un tipo que no es normal” a quien “le vende mercadería al pobre que necesita comer o el que le saca plata al que necesita un programa como el Potenciar”. Asimismo, contó que, en su momento, abrieron la posibilidad de que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo pudieran elegir dónde cumplir con las horas laborales que exigía. “Tuvimos casi 200.000 pedidos de traslado de titulares a otros lugares, empezamos a ordenar y cuidar a los que recibían la ayuda del Estado que se sentían estafados y apretados”, afirmó.
“La mayoría elegía sus municipios, algunos cambiaban de organización social porque no se puede generalizar, no son todos lo mismo. Y estos hijos de puta hoy salen a la luz pero deben haber denuncias en Comodoro Py por doquier, por todos lados”, agregó Zabaleta.
Esta semana se activó la causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que tiene en vilo a los principales grupos piqueteros con una serie de allanamientos, que se realizaron a partir de la denuncia de beneficiarios de planes sociales que dicen haber sufrido presiones y extorsiones de dirigentes piqueteros.
Sin embargo, no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Ariel Lijo tiene a cargo otra mega causa por los mismos delitos. En ese expediente, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, hay más de 1000 mil denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134.
La causa que tramita en el juzgado de Lijo -uno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema- incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía. Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.
En ese marco, Zabaleta también reveló que cuando inició auditorías sobre el manejo de planes sociales, ayudado por universidades públicas, sufrió “presiones internas” dentro del ministerio. Allí, ratificó que lo que se investiga actualmente viene de años: “Lo que apareció ahora es el común denominador de muchos años. Hay que empezar a generar políticas de asistencia del Estado sin intermediarios, que no aparezca nadie más en el medio”.
Por último, el exministro, quien fue sucedido en su cargo por Victoria Tolosa Paz y terminó siendo muy crítico del Gobierno de Alberto Fernández, le dejó un mensaje al presidente Javier Milei: “Ahora está la Justicia actuando y lo debe llevar adelante, sin tanto show. Hay que auditar, pero no dejen de asistir. Que esto no sea una excusa para dejar de asistir. En Argentina hay millones de personas que son pobres, que están en situación de calle. Excusas no”, subrayó.
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