Después del choque de trenes en la línea San Martín que se produjo el viernes en Palermo, el Gobierno nacional declaró la emergencia ferroviaria. Eso le permitirá disponer de la administración de fondos para afrontar contingencias como las que sufrieron algunas líneas en los últimos meses, por ejemplo con el robo de cables o los daños en la infraestructura.
En la Casa Rosada ya están confeccionando el decreto correspondiente que oficializará la medida, que según admiten algunos funcionarios “pedían desde hace un tiempo hasta los gremios ferroviarios”. También admiten que en el rubro ferrocarriles “el desmanejo que encontramos es muy grande”. Es un área que durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo bajo el ala del massismo, como lo demuestran los pasos por el Ministerio de Transporte de Mario Meoni, Alexis Guerrera y Diego Giuliano, todos del Frente Renovador que creó Sergio Massa.
En algunos despachos de Balcarce 50 circula un informe con el detalle de las pérdidas de las distintas empresas que conforman Ferrocarriles Argentinos y que alcanzaron los 4.300 millones de dólares en 2023. Debido a este déficit pasó a ser una de las apuntadas con mayor énfasis para su privatización. Sobre el accidente en Palermo, insisten en atribuirlo más a “una falla humana” que a la falta de inversiones.
El 27 de julio la Comisión Nacional Regularizadora del Transporte (CNRT) terminó el informe correspondiente al año pasado en el que advertía sobre un panorama complicado en el sector ferroviario. Por eso desde el miércoles de la semana pasada tras una reunión entre el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, ya tenían decidido decretar la emergencia.
El viernes, unos minutos antes de que ocurriera la colisión en Palermo, en el piso 12 de Economía, Mogetta estaba reunido con representantes de distintos sectores ferroviarios para conversar sobre el tema. Allí Mogetta se enteró del accidente y creó un Comité de Crisis.
La falta de inversión crónica en el sistema ferroviario por parte de Trenes Argentinos, empresa que hoy funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Caputo, se refleja en que las transferencias del Tesoro a las empresas ferroviarias públicas tuvieron un recorte del 60% en los primeros cuatro meses de 2024, respecto del mismo período del año anterior, según el análisis presupuestario realizado por el área de Justicia Fiscal de la organización no gubernamental Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que publicó Infobae esta fin de semana.
La sociedad estatal que soportó el mayor ajuste en la gestión de Javier Milei fue la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, con un 92% de reducción. Y, entre otras obras pendientes, está una licitación para la electrificación de la línea San Martín con un préstamo del BID, anunciada en 2017, que sigue sin adjudicación.
Trenes Argentinos actualmente es dirigida por Luis Adrián Luque, un ex concejal del Frente Renovador en San Miguel, quien ya estaba en la empresa en otras funciones durante la gestión anterior. Esa empresa que opera los trenes de pasajeros en el país estuvo dos meses sin autoridades por la demora de Milei en designar al reemplazante de Martín Marinucci, también integrante del partido fundado por Sergio Massa. Luque se desempeñaba, desde enero de 2002, como gerente de Asuntos Jurídicos de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), que controla Trenes Argentinos.
No será la primera vez que se declare la emergencia ferroviaria en el país. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002, también se la había aplicado y se mantuvo durante años. Lo hizo mediante el decreto 2075 que abarcó a todas las líneas que operaban en el ámbito metropolitano e incluso a los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.
El medio digital Enelsubte informó este lunes que, una semana antes del choque que dejó casi un centenar de heridos y la interrupción del servicio del San Martín entre Palermo y la cabecera Retiro, desde Trenes Argentinos habían alertado a sus superiores sobre los problemas de la línea debido a las restricciones presupuestarias. El informe se remitió al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Patricio Gilligan, a la Secretaría de Transporte que conduce el cordobés Franco Mogetta y también a Mauricio González Botto, funcionario de la Jefatura de Gabinete de la Nación que tiene a cargo el área donde se analiza la situación de cada unas de las empresas estatales que el Gobierno tiene previsto dejar en manos privadas.
Gilligan elevó ese pedido de fondos que le pedían desde Trenes Argentinos a José Ignacio García Hamilton, actual Secretario Legal y Administrativo del ministerio de Economia de Caputo.
De acuerdo a esa nota, por la falta de fondos se complicó el arreglo del material rodante, se frenaron licitaciones como la que iba a servir para renovar locomotoras en el San Martín y se paralizó la compra de insumos e incluso la contratación de servicios médicos que iban a servir para atender a los pasajeros y a los empleados de de servicios de seguridad en trenes y estaciones, entre otros.
En la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) que se ocupa del mantenimiento y de las tareas de infraestructura hubo más de 100 despidos en marzo. SOFSE, con un recorte del 56%, fue una de las ramas de Ferrocarriles Argentinos más afectada. Es la empresa que tiene la mayor cantidad de empleados, 23.743, y la que debe garantizar el funcionamiento de las líneas de pasajeros. En 2023 tuvo un resultado negativo de $47.310 millones. Para este año, tiene previstas transferencias del Tesoro previstas por $336.000 millones, pero solo se ejecutó el 40% de este monto.