La Legislatura entrerriana aprobó por unanimidad una ley que declara la emergencia en materia de obras públicas.
El proyecto tiene por objeto revisar, rescindir o renegociar las obligaciones emergentes de estas contrataciones, cancelar la deuda administrativa y judicial “conforme a las posibilidades presupuestarias y financieras de la provincia”.
“Para poder reactivar la obra pública necesitamos primero ordenar la deuda que mantiene la Provincia con las distintas empresas constructoras” explicó a Infobae el gobernador Rogelio Frigerio.
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Además, la norma frena hasta el 31 de diciembre las ejecuciones judiciales por certificados vencidos entre el fin del año y el primer bimestre del 2024 que no pueden ser cancelados por las restricciones financieras. Lo mismo ocurrirá con otros gastos derivados, como redeterminaciones de precios e intereses.
Para poder atender la deuda con los contratistas, la Legislatura habilitó al Ejecutivo a utilizar fondos, títulos de deuda y otros instrumentos financieros. El monto que está en danza supera los 20 mil millones de pesos según los cálculos oficiales.
Por unanimidad
El debate legislativo registró el principio de Miguel Ángel Pichetto en acción: el oficialismo se quedó con la ley y la oposición con los discursos. El Senado provincial, donde el peronismo tiene mayoría, fue el filtro más difícil que debió atravesar el proyecto.
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Al ser tratado en comisiones, la bancada justicialista logró sacar el artículo que habilitaba a Vialidad provincial la contratación directa y sin licitación de obras en caminos y rutas.
Durante la discusión en el Senado y en Diputados, la representación justicialista planteó varias objeciones. La principal fue que la emergencia no era necesaria porque ya existen instrumentos para sacar adelante la situación. También señalaron que la razón de la estrechez financiera fue el corte de fondos nacionales, comprometidos por ley o convenios, para obras que la Provincia licitó.
En ambas cámaras, pero principalmente en Diputados donde Frigerio tiene una mayoría cómoda, los legisladores peronistas le exigieron al Gobernador “más vehemencia” para plantarse ante Nación y rehabilitar las remesas de recursos. Y comprometieron el acompañamiento cerrado para el caso.
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La estrategia del oficialismo fue escuchar con paciencia y esperar el momento de la votación. Entonces todas las manos se alzaron y la historia les cerró con final feliz. Con el objetivo logrado, el Gobierno se anotó una victoria política. Ahora se sentará a renegociar con otras armas ante los contratistas del Estado.
MIentras transcurría el debate en la Legislatura, en la discusión pública aparecieron algunas dudas sobre el texto. La principal fue si la cláusula que frena las ejecuciones judiciales es constitucional o no. En el Gobierno afirman que la ley no conculca, sino que posterga la ejecución de un derecho y confían en que los Tribunales les darán la razón.
Línea directa
Por otro lado, las cooperativas eléctricas de Entre Ríos recibieron en las últimas horas intimaciones de Cammesa (compañía administradora del mercado mayorista eléctrico) por pagos atrasados. Esto despertó quejas, centradas en que a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires no se les aplica la misma rigurosidad.
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La reacción fue casi inmediata. La Cooperativa Eléctrica de Concordia adelantó que pedirá a la Secretaría de Energía la habilitación para comprar electricidad, en forma directa, a la represa de Salto Grande, salteando a Cammesa.
Esto permitiría, indicaron las autoridades de la cooperativa, reducir el costo de la energía y bajar el monto de las facturas que pagan los usuarios. Sería también el primer paso para la descentralización del mercado eléctrico, uno de los objetivos de la Administración nacional. Pese a ser una provincia generadora de electricidad, en Entre Ríos se paga por la luz el doble que en Buenos Aires.