Por medio de una carta, diputados de la Coalición Cívica alertaron al Gobierno sobre la “frágil” situación en materia de seguridad alimentaria que afecta a los sectores socioeconómicos de más bajos ingresos y, en consecuencia, le solicitaron la “urgente” ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a políticas alimentarias.
El texto lleva la firma de los diputados nacionales Maximiliano Ferraro -presidente de la CC ARI- y Juan Manuel López, y de la diputada bonaerense Maricel Etchecoin Moro. Está dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre.
Allí, los firmantes subrayaron que “al día de la fecha, según consta en los portales públicos de ‘Presupuesto Abierto’ y de ‘Compras Públicas’, no se ha ejecutado ninguna de las partidas prorrogadas para el ejercicio 2024 del Programa 26 de Políticas Alimentarias, tanto en lo que refiere a transferencias a las administraciones provinciales y municipales, instituciones culturales/sociales, cooperativas”.
“Tampoco se han iniciado procesos de compras para la adquisición directa de alimentos”, advirtieron.
Para sustentar la urgencia de su pedido, los legisladores hicieron referencia a un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA publicado en diciembre pasado, en el que se refleja en números la situación de crisis que atraviesa el país, con la escalada inflacionaria que tiene especial impacto en el rubro de alimentos y bebidas y el crecimiento de la pobreza e indigencia.
Entre las conclusiones de ese trabajo, se menciona que, en 2023, el 62,9% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años se encontraba condición de pobreza, mientras que la indigencia se había elevado al 16,2%, superando el nivel que tuvo en 2020 durante el aislamiento obligatorio por la pandemia. Es decir, más de ocho millones de niños, niñas y adolescente son pobres y más de 2,1 millones de ellos viven en condiciones de indigencia.
Por otra parte, en el informe de la UCA se identificó inseguridad alimentaria en el 20,6% de la totalidad de los hogares y en el 45,1% de los del cuartil socioeconómico inferior. Además, el 50,4% de la población con inseguridad alimentaria recibió algún tipo de asistencia alimentaria directa (cajas/bolsones de alimentos o viandas/comedores no escolares), un 42,7% en la población en condición de pobreza y un 35,5% de los hogares con niños.
“Detrás de estas cifras hay una enorme cantidad de hogares, familias, niños y niñas, que complementan sus ingresos y su capacidad de adquirir alimentos a través de las políticas de asistencia alimentaria directa -señalaron los diputados-. Todos ansiamos una Argentina donde las familias vuelvan a compartir la mesa familiar con el fruto del esfuerzo y el trabajo, pero en este contexto de emergencia es imperioso que desde la Administración Central se realicen urgentemente los esfuerzos políticos y administrativos para no desatender las necesidades alimentarias de los más vulnerables”.
En la misiva también aludieron a los dichos del vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, el martes pasado, cuando el funcionario informó que se encuentran reorganizando la ejecución de la política alimentaria.
En ese sentido, avalaron que las transferencias de fondos y la distribución directa de alimentos a las instituciones de la sociedad civil, como así también a las administraciones provinciales y municipales, requieren ser auditadas y transparentadas para evitar toda discrecionalidad o intermediación que dé lugar a “negocios con la pobreza”.
No obstante, advirtieron: “Es indispensable que estos procesos de reformas se lleven adelante con previsión y absoluta responsabilidad, evitando suspender las políticas alimentarias directas e indirectas en un contexto tan difícil para los argentinos como el que estamos atravesando”.
“Resulta inoportuno que se haya optado por paralizar la ejecución de estas políticas y sus partidas presupuestarias, mientras que por el Decreto 125/23 se pospuso a abril el traspaso y reforma del Programa Potenciar Trabajo, siendo que este ha sido objeto de numerosos denuncias en relación a manejos indebidos por sobre los ocurridos y denunciados en comedores y merenderos”, apuntaron luego los legisladores.
Para finalizar, remarcaron que el Gobierno “cuenta con los recursos y herramientas necesarias para enfrentar esta situación que se agrava, habida cuenta de que la Ley 27.701 extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 la Emergencia Alimentaria Nacional y que por la prórroga del presupuesto las partidas destinadas a políticas alimentarias para el 2024 tienen una asignación de 176.000 millones de pesos”.
El pedido de la Coalición Cívica surge en medio de la tensión entre el Gobierno y las organizaciones sociales por los exhaustivos controles que se vienen realizando en cuanto a la ayuda que entrega el Estado a los sectores más vulnerables.
En ese marco, esta semana la ministra Pettovello protagonizó un hecho particular en la puerta del edificio donde funciona su cartera, donde tuvo un ida y vuelta con referentes de movimientos sociales que se presentaron reclamar.
Ante esa situación, la ministra salió a la calle para decir que estaba dispuesta a recibir uno por uno a las “personas que tienen hambre”, para tomarles los datos y poder hacer llegar la ayuda de manera individual. Posteriormente, Pettovello se sentó en el ingreso al edificio en un escritorio, en el que esperaba recibir a los manifestantes.