El gobierno nacional finalmente ejecutó la baja de más de 27.000 planes sociales que había sido anunciada el pasado 20 de enero. Los involucrados son beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo que registraban incompatibilidades con los requisitos impuestos para percibir la asistencia.
Luego de realizar la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de todos los titulares, “se detectaron 27.208 planes Potenciar Trabajo y 12 Potenciar Empleo con incompatibilidades a los que inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de 2.000 millones de pesos del Estado nacional”, afirmó el organismo encabezado por Sandra Pettovello.
Entre las incompatibilidades detectadas -según fuentes oficiales- se encontraron, tras el cruce de información entre Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTyS), casos de personas que recibían “beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, fallecidos o poseedores de un auto con menos de 10 años de antigüedad”.
El anuncio de la baja actual de las 27.220 beneficiarios se suma al anuncio que realizó el Gobierno de otra tanda mucho más amplia de gente que cobra el Potenciar Trabajo pese a que viajaron al exterior en yates, aviones privados, aerolíneas y autos, entre otros medios de transporte y a la vez cobraban el plan social. Hasta el momento, esta última baja no se hizo efectiva., pero el anuncio es inminente.
El gobierno de Javier Milei quedó, desde el lunes 8 de enero, habilitado a tomar una demorada decisión que se viene arrastrando de la gestión anterior: la suspensión preventiva de los casi 160 mil planes sociales destinados a beneficiarios de extrema vulnerabilidad social pero que son cobrados por personas que viajaron al exterior. Aquel recorte involucró unos 12 mil millones de pesos mensuales.
Por, ende el martes 16, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se están terminando de entrecruzar los datos y que “en cualquier momento la baja se hará efectiva”. La causa se inició con la investigación que realizó el fiscal Guillermo Marijuan. “Este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”, agregó el fiscal.
Tras un entrecruzamientos entre la base de datos del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, se pudo confirmar que salieron del país beneficiarios de ese plan social: 817 personas que viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificaron. Vía aérea, 20.832 beneficiarios de planes viajaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 desde el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.
Toda esa pormenorizada investigación que se difundió hace más de dos meses y que involucra a 1 de cada 10 subsidios, no había tenido hasta ahora ningún resultado.
Los nombres de los beneficiarios estaban en bases de datos que las tenían en soporte magnético tanto el juzgado federal N° 11, a cargo de manera interina de Marcelo Martínez De Giorgi, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social de Marijuan, y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Ellos tienen el resultado del entrecruzamiento de los beneficiarios del Potenciar Trabajo con Migraciones.