El 12 de enero se reunieron en el ministerio de Seguridad sobre la calle Gelly y Obes. Tanto la ministra Patricia Bullrich como Waldo Wolff, responsable de esa misma área en la Ciudad de Buenos Aires, se conocen mucho y tienen muchas coincidencias. Ambos dejaron en claro en las últimas horas que tienen la misma visión sobre los extranjeros que residen en la Argentina y que cometen delitos: deben ser expulsados del país.
Bullrich se expresó primero tras los trágicos hechos en La Matanza, donde tras un enfrentamiento a balazos por una toma de terrenos fiscales murieron 5 personas. “En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, sostuvo ayer la funcionaria. Y luego subrayó que “el que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”.
Wolff reforzó la apuesta esta mañana en declaraciones a radio Continental. “Hay distintos status de extranjero, el que tiene la residencia temporal y está a prueba está en discusión. El extranjero que está a prueba y comete un delito se tiene que ir, entendemos que elevando las penas a aquellos que vienen a delinquir estamos protegiendo a los porteños”.
Según el ministro de Seguridad porteño hay “grupos organizados de países limítrofes que se organizan para venir a delinquir”. Y afirmó que de acuerdo a las estadísticas que maneja la Ciudad el 40% de los asesinatos perpetrados en su jurisdicción “fueron cometidos por extranjeros”. Recalcó, además, que ese ”es un indicio que nuestra legislación es laxa para aquellos extranjeros que con irregularidad delinquen, esto no pasa en la enorme mayoría de democracias en el mundo”.
Ya en los últimos días desde la Ciudad habían salido a reclamar que se acelere la expulsión de delincuentes extranjeros. Para ello pidieron que se reponga un decreto firmado en 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de Seguridad.
Tras un hecho delictivo en el ámbito de la CABA, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, escribió en la red social X (antes Twitter): “Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”. Wolff, en la misma red publicó después: “Vamos a trabajar para restituir el decreto 70/2017 de Migraciones que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros que delinquen en nuestros país. Es con orden”.
En otro párrafo de su tuit consignó que ”sólo en 2023, en la Ciudad sufrimos más de 4000 delitos, entre robos, hurtos, narcotráfico y violencia de género, a manos de extranjeros (sin nacionalidad regularizada)” y que “hay 200 detenidos de distintas nacionalidades en comisarías de la Ciudad y sólo en la última semana, arrestamos a 8 delincuentes en tres operativos por separado”.
En enero de 2017, Macri y su gabinete habían firmado el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se había creado un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.
Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021 argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”, dijeron en aquel momento.