Kicillof se sumó a los gobernadores patagónicos que rechazan los cambios de la Ley Ómnibus para la actividad pesquera

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el hermetismo con el que se movió estos días y viajó este miércoles a Mar del Plata para reunirse con sectores afectados por los cambios que propone la Ley Ómnibus en lo referido a la actividad pesquera y manifestarse en contra del articulado referido a la desregulación de la actividad.

El gobernador bonaerense recibió a sindicatos y sectores empresariales de la actividad pesquera, además de legisladores e intendentes de la región marítima bonaerense. Se trató de un encuentro que no figuraba en la agenda oficial y que se dio en el Hotel Provincial luego de una jornada de discusión intensa en el Concejo Deliberante del municipio de General Pueyrredón. Es que pasado el mediodía los concejales que integran la comisión de Recursos Marítimos fueron convocados por el edil Miguel Guglielmotti -que a su vez el secretario general de la CGT marplatense- a una reunión de comisión para sentar postura por los cambios que la Ley Ómnibus propone sobre la actividad pesquera. El impacto en Mar del Plata es total.

Entre los cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei, por ejemplo, se deroga el artículo 25 de la Ley Nº 24.922, que establece que “será obligatorio desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos”. Una obligación que básicamente genera actividad en los puertos.

Entre los cambios que busca aprobar el gobierno nacional, se modifica el artículo 26 de la Ley Nº 24.922 que tiene que ver con los permisos de pesca. El proyecto de la Ley Ómnibus sostiene que “para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”. Actualmente para el otorgamiento de los permisos de pesca se prioriza que las empresas que operen estén radicadas en el país, que los buques empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje y que los buques estén construidos en el país. Todo eso quedaría sin efecto.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires rechaza en absoluto el contenido de la ley. Es nefasta porque pone en riesgo el trabajo, la producción y la industria nacional pesquera”, planteó Kicillof tras la reunión en Mar del Plata. Estuvo escoltado por el empresario José Moscuzza -quien además es el presidente del Club Atlético Aldosivi- y la secretaria general del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, Cristina Ledesma.

Este punto también puso en alerta a los gobernadores de la Patagonia con costa marítima. Los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, coincidieron en tres ejes principales que “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.

Además, los mandatarios patagónicos advirtieron que “hoy por hoy hay miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística, pero con la derogación de dicho artículo nuestros recursos se podrían descargar fuera del país, lo que afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos”.

Para el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (PRO), este punto de la Ley Ómnibus -que se encuentra en la sección III del capítulo VIII del proyecto girado al Congreso- “desconoce la realidad económica y social del interior argentino, como es el caso de la región Mar del Plata”.

Si bien se definió como un convenciendo de fomentar la competencia planteó que “derogar la obligatoriedad de desembarcar los recursos pesqueros en puertos argentinos y eliminar la obligatoriedad de contratar personal argentino, va a causar grandes perjuicios al empleo, los intereses y a quienes viven en nuestras regiones”.

También se expresó el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, que es oriundo de Mar del Plata. El presidente de la UCR comité Provincia sostuvo que “la ley federal de pesca, es consecuencia de la construcción colectiva entre distintos sectores empresariales, de trabajadores y de gobiernos nacionales, provinciales y locales durante muchos años”, y que “no es el camino correcto eliminar la obligación del desembarco del recurso en nuestros puertos, como tampoco que sea lo mismo tener personal argentino o extranjero en nuestros buques. Como no da igual que estos sean hechos por la industria Nacional o extranjera”.