El “Jardín del Bosque” fue creado en el Senado por una resolución del año 1996 y, un año más tarde, se dispuso el descuento de un porcentaje del sueldo a los agentes que inscribieran a sus hijos en el establecimiento educativo. Después de 27 años y, tres días antes de dejar el poder en la Cámara alta, Cristina Kirchner eliminó dicha retención y le dejó el regalo a la nueva administración, que ahora comanda Victoria Villarruel.
Según consta en el Decreto Presidencial 03/23, en las consideraciones se manifestó que la retención aplicada “en concepto de cuota de gastos menores de carácter operativo” choca con “el cuidado y educación de los niños y niñas”, que “no puede ir en desmedro ni del derecho al trabajo, ni del salario de las y los agentes de este Honorable Senado”.
En los considerandos, además, se detalló: “En tal sentido, la Organización Internacional del Trabajo, a través del Convenio 156, determina que en pos de la igualdad afectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, se ‘deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales”.
La resolución en cuestión también fue firmada por la ex secretaria administrativa del Senado y actual diputada provincial de La Pampa, la camporista María Luz Alonso. De hecho, en 2015, el entonces vicepresidente y titular de la Cámara alta, Amado Boudou, inauguró el nuevo edificio de Jardín del Bosque junto al ex ministro de Educación, Alberto Sileoni, y los ex legisladores Juan Manuel Abal Medina y Alfredo Martínez.
Durante el acto, Boudou explicó que “la Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos”. Y agregó: “Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”.
Por su parte, Sileoni destacó que “en Argentina se puede entrar a los tres años a un jardín público e irse unos 25 años después con un título de la universidad pública bajo el brazo”. No obstante, en aquella época y durante casi tres décadas -de la que formaron parte los gobiernos kirchneristas- se retuvo un porcentaje del sueldo a los empleados que hicieran uso del establecimiento en cuestión. Al menos, hasta la resolución del 7 de diciembre pasado, que derogó dicho mecanismo.
Distinto es el panorama en Diputados, donde el jardín “Gato Garabato”, ubicado en uno de los anexos de la Cámara baja, nunca cobró ni retuvo parte del sueldo. En la Biblioteca del Congreso hay otro establecimiento, “El Libro Mágico”. Infobae consultó a las autoridades de Presidencia del Senado y aseguraron a este medio que la medida en cuestión será aceptada y sostenida.
La resolución de Cristina Kirchner y Alonso se suma a la que días atrás dio a conocer Infobae, del 25 de octubre pasado -tres días después de las elecciones generales- que incorporó, en la planta permanente de la Cámara alta, a 138 agentes del sector transitorio relacionados con el macrismo, los sindicatos, el radicalismo y, más dispersos, del kirchnerismo y bloques entonces aliados al Unión por la Patria.
Quienes quedaron “salvados” de un potencial escaneo son las decenas de planta permanente decretadas a fines de julio de 2022. Para ese caso, el kirchnerismo buscó darle más de un año de vigencia -antes de la finalización de la gestión- y así evitar un escenario de observación. Dentro de ese lote hay situaciones como el personal “político” o de “Gabinete” que aterrizó con una gestión y luego quedó incluido en la planta permanente de la Cámara alta. Situaciones similares ocurrieron también durante la gestión de Gabriela Michetti.