“La provisión de boletas es responsabilidad de las agrupaciones políticas”, dice el acta N°34 de la Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires.
El organismo exhortó a las dos listas, “Unión por la Patria” y “La Libertad Avanza”, a que extremen los cuidados, a fin de que no se verifiquen faltantes de boletas durante la jornada electoral del domingo 19, y les recordó que la responsabilidad de los partidos de proveer las boletas está establecida en el artículo 38 de la Constitución Nacional.
Lo que motivó este comunicado de la Junta bonaerense, que integran el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Lemos Arias, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres, y el juez con competencia electoral de la Provincia, Alejo Ramos Padilla, fue el hecho de que la fuerza que postula a Javier Milei a la presidencia no presentó la cantidad necesaria de boletas para cubrir todas las mesas.
Vale recordar que es el Estado el que suministra los fondos a cada partido para imprimir las respectivas boletas.
Desde la Junta provincial se comunicó que la alianza “La Libertad Avanza” presentó un número insuficiente de boletas.
La fuerza libertaria ya había sido advertida con anterioridad por la Junta -el 11 de noviembre pasado- y presentó más boletas pero siempre en cantidad insuficiente.
El comunicado de la Junta apunta a deslindar responsabilidades, considerando que voceros de LLA insinúan que el motivo por el cual no presentan la cantidad necesaria de fajos para cubrir todas las mesas es que las boletas son “robadas” al abrirse los comicios. Adelantaron incluso que las repondrían a través de sus fiscales, lo que resulta materialmente difícil de concretar.
Esto se inscribe también en una serie de advertencias acerca de un posible fraude en el balotaje del domingo por la misma fuerza, e incluso una denuncia en tribunales, lo que motivó la citación de sus apoderados por la justicia, a fin de que ofrecieran pruebas.
Al presentarse a brindar declaración testimonial ante las autoridades de la Fiscalía Federal con competencia electoral, Santiago Viola, abogado y apoderado de LLA, empezó excusando a la otra apoderada de la fuerza: “En primer lugar, antes que nada, vengo a acompañar un escrito firmado por Karina Milei en el cual se solicita se deje sin efecto su citación en virtud de que no posee ninguna información que pueda agregar, más allá de aquello que yo pueda declarar en esta oportunidad”.
A continuación aclaró que la presentación hecha ante el Juzgado Electoral “no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta”, del 19 de noviembre.
En concreto, el apoderado rebajó lo que había sido publicitado como una denuncia de fraude a la categoría de recomendación o advertencia hecha, según explicó, “con la única intención de aportar a la transparencia y legalidad de las elecciones”.
También admitió que “la presentación se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento”, hechos que previamente habían sido evocados como pruebas de fraude.
Por si no bastaba, el apoderado de LLA agregó: “Sin perjuicio de ello, quiero aclarar que no hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad, que confiamos en que extremarán los recaudos de cara al 19 de noviembre y esperamos que los comicios se desarrollen con normalidad”.
Viola también debió aclarar que, en la categoría “presidente”, su fuerza no impugnó el escrutinio definitivo de la primera vuelta, cuyos resultados fueron 36,78% para Sergio Massa y 29,99% para Javier Milei.
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