La Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles una serie de decretos firmados por el gobernador saliente, Jorge Capitanich, que autoriza el pase a planta permanente de miles de empleados desde el año que viene y hasta el 2030, lo que fue cuestionado por la oposición, que sostuvo que esta medida condiciona a la gestión del mandatario electo, Leandro Zdero.
El hasta ahora oficialismo consiguió la presencia de los 17 legisladores necesarios para dar quórum y comenzó así la sesión y debatir la ratificación del Decreto N° 2656 del Poder Ejecutivo Provincial, emitido el 28 de septiembre pasado.
Esa normativa estableció “la necesidad de regularizar la situación laboral de los agentes que se encuentran prestando servicios bajo la modalidad de Personal Transitorio”, en el marco Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Provincial.
La decisión de Capitanich ya había sido criticada por Zdero, que horas antes del inicio del debate apeló “al sentido común y a la responsabilidad, de quienes hoy están gobernando el Chaco hasta el 10 de diciembre” para que la iniciativa no sea ratificada.
“Utilizar un concepto tan importante como el derecho de los empleados públicos para meter ‘amigos y militantes’ por la ventana nos parece aberrante y una falta de respeto a la sociedad. Durante años no se han ocupado de hacer lo correcto y ahora, en un plan de retirada, quieren quedar bien con los que maltrataron comprometiendo los recursos del Estado; permítannos hacerlo con responsabilidad valorando a los que trabajan”, opinó el gobernador electo.
Y agregó: “La carga que hoy pesa sobre los chaqueños es enorme y no es justo que debamos asumir adicionalmente esta ‘mochila’ de acomodados de último momento. Condicionar al próximo gobierno elegido por la voluntad popular con este tipo de acciones oscuras, absolutamente opacas, es de una irresponsabilidad inaceptable y eviten caer en la demagogia”.
Por su parte, el bloque de la Unión Cívica radical en el recinto emitió un comunicado en el que sostuvo que “la aprobación de la ley hoy es demostrativa de que siempre tuvieron quórum desde el gobierno provincial para tratar un plan ordenado de quienes trabajan hace años en precariedad, situaciones que vinimos planteando hace años, y no tuvimos recepción alguna por parte del bloque mayoritario”.
“Ahora, después de tanto tiempo, aceleran trámites, pero no para los trabajadores reales, sino para los amigos y amigas del poder, ex funcionarios y legisladores. No tiene razón de ser condicionar un nuevo gobierno por mostrar algo que ya sabemos: la alineación política de algunos gremios socios del gobernador, que estuvieron 16 años bastante callados”, manifestó el grupo.
En este sentido, el radicalismo provincial precisó que la medida “significa 17.000 nuevos empleados en materia económica y de obra social”, entre los cuales hay casos como el de Liliana Spoljaric, empleada de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP).
El espacio señaló que la ex diputada, que también se desempeñó como secretaria de Empleo y Trabajo local, y como vocal de la Administración Provincial del Agua (APA), forma parte de la planta permanente desde el 26 de octubre pasado con categoría 30, una de las más altas, dentro de esta compañía, la cual -aseguraron- no paga los aportes jubilatorios del resto del personal.
Asimismo, la oposición menciona el caso de los representantes del directorio de la Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), que también fueron efectivizados, pero “en cargos o puestos no creados”.
Tiempo atrás, incluso el ex diputado radical Marcelo Castelán y el expresidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Carlos Guido Leúnda (h), presentaron dos medidas cautelares ante el juez Civil y Comercial N° 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, que paralizaron la medida que ahora quedó efectiva tras su aprobación definitiva en la Legislatura.