Luego de votar en contra de un proyecto de ley que buscaba contratar como empleados públicos a los beneficiarios del Plan Inclusión, diputados opositores de San Luis denunciaron que fueron “encerrados con candados” el miércoles en la Legislatura provincial. Mientras tanto, en las inmediaciones del edificio quienes cobran esta asignación generaban disturbios y destrozos.
“Soy diputado provincial en San Luis, por votar en contra de un proyecto de Alberto Rodríguez Sáa estoy privado de la libertad junto a otros 21 legisladores, nos encerraron con candados, no nos permiten salir”, dice el mensaje que compartieron a través de sus redes sociales los legisladores que se opusieron a la medida, dentro de los que se encuentran Gastón Hissa, el próximo intendente de la ciudad de San Luis.
De esta manera, enviaron un mensaje al mandatario provincial al escribir: “Gobernador Ud. es el responsable de nuestra seguridad y la de nuestras familias”.
La iniciativa consiste en modificar el Presupuesto 2023 para poder destinar fondos a realizar nuevos nombramientos e incorporar así a la gestión pública a los beneficiarios de los planes sociales que prestan servicios en entidades del Estado, pero no cuentan con un contrato laboral, de acuerdo con la información de La Voz del Interior.
El proyecto de ley contaba con la media sanción del Senado, pero necesitaba la aprobación de la Cámara de Diputados provincial para poder implementarse. La modificación de la ley presupuestaria no pudo ser tratada la semana pasada por no conseguir quórum, pero los legisladores lograron iniciar la sesión el miércoles.
Así, la medida fue rechazada con 22 votos en contra, emitidos por los legisladores de la oposición pertenecientes a los partidos Avanzar, PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) y otros cuatro diputados que se separaron del bloque oficialista un día antes de la votación, quienes consideraron a la propuesta como inconstitucional, al tiempo que acusó al Ejecutivo de no poder convalidar los contratos firmados en junio, durante la campaña electoral. Solo 19 diputados apoyaron la modificación.
Una vez que se conocieron las denuncias de los legisladores, el vicegobernador electo, Ricardo Endeiza, presentó un habeas corpus cerca de las 20 horas del miércoles para que los legisladores sean liberados de manera “urgente”, según la información a la que pudo acceder el medio local Diario El Norte. De esta manera, logró que los referentes de la oposición fueran liberados minutos más tarde.
Mientras los legisladores exponían la situación en las redes sociales, fuera de la Legislatura, un grupo de personas que esperaban la aprobación de la medida generaron destrozos y atacaron el edificio legislativo.
Derribaron las rejas de acceso, quemaron cubiertas, rompieron vidrios y puerta, exigiendo la presencia de los diputados. Sin embargo, la Policía hizo un cordón dentro del perímetro del edificio y logró controlar la situación.
En paralelo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, y su homólogo en el Senado provincial, Eduardo Mones Ruiz, junto con otros legisladores se reunieron con tres representantes de los beneficiarios del Plan Inclusión para explicarle lo que había sucedido en la sesión y poder poner fin a los reclamos. En esa conversación, apuntaron contra los diputados opositores, al alegar que no responden sus teléfonos desde hace una semana.
Además, el gobernador Rodríguez Sáa también se comunicó con quienes hablaban por las personas que se violentaron en las inmediaciones del edificio legislativo y, así, lograron alcanzar un acuerdo para que cesen con los disturbios, en línea con la información del medio local Diario La República. En ese sentido, acordaron también volver a reunirse el próximo miércoles para poder encontrar alguna solución alternativa a la cuestión.
Una vez que la situación fue controlada fuera de la Legislatura, los diputados abandonaron el edificio.
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