El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, el dirigente y abogado, Juan Grabois, rompió el silencio y opinó ante Infobae sobre las últimas medidas tomadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, que incluyen una suma fija de $60.000 para empleados públicos y privados, decisión que ha generado reacciones divididas entre los gobernadores. Diez de ellos, más el alcalde porteño, anunciaron que no abonarán los dos tramos de $30.000. Sobre este punto, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) expresó que: “Las medidas que tomó Sergio Massa van en la orientación correcta, pero son claramente insuficientes para compensar la devaluación”.
- Sin embargo hay sectores, incluso algunos gobernadores oficialistas, que rechazan pagar el bono a sus empleados públicos, le recordó este medio.
-Los sectores empresarios que ganaron no quieren pagar el bono de 60 mil pesos; algunos gobernadores no lo quieren pagar. Hay resistencia del sistema a medidas tan moderadas e insuficientes como las que se tomaron. Llamativamente, a pesar de que es evidente que las medidas son insuficientes, la oposición no tiene ni siquiera la humanidad para valorarlas. Ni siquiera quiere una compensación de estas características. Las medidas están dirigidas a trabajadores de bajos ingresos, jubilados, monotributistas, son verdugos”, criticó.
Según pudo reconstruir Infobae, después de la devaluación del 22% impuesta por el candidato a presidente de Unión por la Patria luego de las elecciones PASO que ganó el libertario Javier Milei, el referente del Frente Patria Grande solicitó una reunión con Massa, quien lo había derrotado en la interna del oficialismo. El motivo, entregarle una carta titulada: “Medidas sociales de emergencia”, destinadas a paliar la situación de los sectores más vulnerables afectados por la devaluación y la alta inflación.
Massa, que por esos días tenía previsto viajar a Washington para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) envió como representante al jefe de Gabinete y su compañero de fórmula, Agustín Rossi. El dirigente social fue acompañado por el cura villero José María Di Paola, más conocido como “padre Pepe”.
El objetivo era que el ministro de Economía comience a implementar con la mayor celeridad posible los pedidos de Grabois y el sacerdote y que, además, los tome como parte de su plan de gobierno, en caso de ser electo presidente en las elecciones de octubre.
El primero de ellos es la implementación de “un ingreso familiar de emergencia, refuerzo de ingreso y/o salario básico universal para trabajadores informales e independientes”. Grabois le aseguró a Rossi que “además de la experiencia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que demostró su eficacia en la lucha contra la pobreza y la indigencia”, junto a la senadora Juliana Di Tulio elaboraron un proyecto de ley presentado en el parlamento en el cual se dispone, por ejemplo, facultar “a los ministerios de Desarrollo Social, de Desarrollo Productivo y de Obras Públicas para que lleven adelante convenios con empresas privadas para que contraten de manera formal a los beneficiarios del Ingreso Complementario, a fin de que dejen de necesitar de la ayuda del Estado para no vivir en la indigencia”.
El segundo de los doce puntos es la implementación del “programa de acceso a la tierra rural y urbana conforme al proyecto oportunamente presentado (Registro Único de Solicitantes) y cesión de terrenos disponibles del Estado Nacional (AABE) a tal efecto”.
Otro de los puntos que Grabois le solicitó al titular del Palacio de Hacienda es la “implementación de un aumento en la Asignación Universal por Hijo y Salario Social Complementario (Potenciar Trabajo) equivalente a la pérdida del poder de compra real, así como también a jubilados y personas con discapacidad, al igual que un refuerzo particular para las trabajadoras de comedores comunitarios”.
Entre las medidas sociales de emergencia, también se solicitan estrategias como el “congelamiento de servicios públicos”, “la prórroga por seis meses de los contratos de alquiler”, “la prohibición de desalojos” y el “control estricto de los formadores de precios en la cadena de valor de los alimentos en particular de la carne y lácteos”.
Entre las propuestas que el abogado y el sacerdote le acercaron al candidato de Unión por la Patria figura una de las medidas que Massa ya implementó y que generó controversia dentro del propio espacio oficialistas. La “implementación de un aumento de suma fija para los trabajadores registrados del sector público y privado con ingresos a la Canasta Básica Total”.
Sobre este pedido, Grabois le aseguró a Infobae: “Nosotros no vamos a dejar de insistir con mucha vehemencia en los que están absolutamente desprotegidos y no tienen ningún tipo de cobertura que son los trabajadores informales, que existen múltiples mecanismos de identificación, que van desde los cruces automáticos que puede hacer el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTIS); a la población que está inscripta en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) y el plan nacional de distribución de tierras públicas ociosas que ya está redactado, solamente es una decisión política para ponerlo en marcha”.
Grabois también propuso que se habiliten “las ferias de alimentos en todas las estaciones de trenes, sobre todo en las zonas de los conglomerados urbanos”.
El dirigente social recordó que un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) asevera que “se puede reducir un tercio los precios de los agro alimentos si va del productor al consumidor y se subsidia la logística”.
El estudio demostró que, según el Índice de Precios en Origen y Destino, elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa “los precios de los agroalimentos se multiplican por 3,4 veces de la chacra (origen) a la góndola (destino), es decir que el consumidor pagó $3,4 por cada $1 que recibió el productor”. Rossi le aseguró a Grabois y al padre Pepe que estudiarían las propuestas y adelantó que alguna de ellas ya estaban en estudio.
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