Cómo funciona el control de precios del que participan movimientos sociales, intendentes y el gremio de Camioneros

Militantes de organizaciones sociales cercanas al Gobierno se ocupan de recorrer las grandes cadenas de supermercados y de monitorear que no falten productos incluidos en el programa Precios Justos. También numerosos municipios del interior sacaron a la calle a los inspectores que tienen a su disposición con el mismo objetivo. En los centros de distribución se dio la gran polémica, ya que la fiscalización estuvo a cargo del gremio de Camioneros. Todo forma parte de la estrategia que despliega en los últimos días la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini.

Desde fines de diciembre unos 5.000 integrantes de Barrios de Pie y, en menor medida, del Movimiento Evita, dos movimientos sociales que forman parte del gobierno de Alberto Fernández, recorren las góndolas de los supermercados que se sumaron a Precios Justos, el programa que involucra a 1800 productos de consumo masivo que deberían mantener sus precios durante 120 días, al menos hasta fines de febrero. Por otro lado, hubo un compromiso de todas las compañías que participan de no aumentar más del 4% en el resto de los productos. Y se encargan de informar a través de la aplicación que creó el ministerio de Economía las irregularidades que detectan.

Daniel Menéndez es uno de los principales referentes de la organización Barrios de Pie y se desempeña como subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social. A través de su cuenta de Twitter difundió la actividad que vienen cumpliendo desde ese espacio. Fuentes cercanas al funcionario expresaron que en la primera quincena de enero “los promotores difundieron el uso de la aplicación, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano”. Ahora piensan extenderlo a los puntos turísticos, principalmente en la Costa Atlántica.

Desde la Secretaría al mando de Tombolini se apuran en aclarar que los militantes “de ninguna manera son una autoridad de aplicación” porque “el rol del Estado no se puede delegar”. La principal tarea consiste en colaborar denunciando ante Defensa del Consumidor, mediante la aplicación. “Es un intercambio de información”, explican. Asimismo, manifestaron que hubo reuniones entre el Secretario del área y Barrios de Pie para hacer capacitaciones barriales, pero “por diferentes motivos no se concretaron”.

El acuerdo firmado de Precios Justos es hasta fines de febrero, pero ya se negocia extenderlo por unos meses más e incluso hasta fin de año. Incluye a más de 10 sectores (no solo el alimenticio, sino también el textil, el calzado, higiene y limpieza), 358 empresas, 12 cámaras y la intervención de sindicatos.

Como novedad también señalan que “en los próximos días habrá más convenios con municipios para que pongan sus inspectores a controlar”. Citan como ejemplo que, con ayuda de intendentes, ya realizaron un relevamiento en una importante cadena de supermercados que incluyó 374 sucursales de todo el país.

Además, remarcaron que la presencia de integrantes del gremio de Camioneros, cuyo titular es Pablo Moyano, se debe a la falta de algunos alimentos en las góndolas o a la insuficiente provisión de ciertas mercaderías. “Fuimos a los centros de distribución de las grandes cadenas porque la primera información surge de la góndola donde se ve falta de productos o entregas parciales”, afirmaron en las cercanías de Tombolini.

“Van los inspectores de la Secretaría de Comercio a los centros de distribución, nuestros muchachos los atienden, les muestran los productos y ellos son los que controlan. Los que multan si hay desabastecimiento son los inspectores no los camioneros. Nosotros ayudamos a que ellos certifiquen que la mercadería llegue en su totalidad a las góndolas de los supermercados”, sostuvo Moyano esta mañana en declaraciones radiales.

Desde varios sectores de la oposición surgieron inmediatamente fuertes críticas hacia el Gobierno por la participación de los gremialistas en esta fiscalización. El ministro de Economía, Sergio Massa, habló este domingo en Infobae sobre la polémica que se generó después de que el gremio de Camioneros informara que asumió tareas de control del programa Precios Justos. Si bien aclaró que el sindicato “no controla, sino que abastece el proceso de información”, afirmó que la reducción de la inflación es “un objetivo patriótico” en el que tendrían que estar, además de gobierno, gremios y empresarios, también la oposición.

Mientras tanto, en el Movimiento Evita, liderado por Fernando “Chino” Navarro y por Emilio Pérsico, sostienen que fueron invitados a participar de los controles y que los están haciendo “pero sin pecheras ni tanta difusión en los medios” porque entienden que hacen falta más herramientas para combatir la inflación. Entre esos mecanismos citan la necesidad de darles “más poder a las cooperativas, que no haya tanta concentración de la producción, que los acuerdos lleguen a los comercios de cercanía y dinamizar la economía popular”.

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