Un grupo de diputados opositores presentó hoy un proyecto de ley que establece un “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, que contempla, entre otros puntos, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en delitos violentos.
La iniciativa plantea una reforma judicial que incluye la creación de un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, la aceleración en los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.
“El proyecto hace hincapié en dos puntos centrales: la reparación del daño producido por el delito tanto en la víctima como en la sociedad, y la necesidad de que las personas adolescentes rindan cuentas de sus actos”, dice el texto de la normativa.
La propuesta cuenta con el respaldo de los diputados de Juntos por el Cambio Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, quienes aparecen como cofirmantes del despacho. Se trata de una apuesta similar a la formulada durante el gobierno de Mauricio Macri, y que se había anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano.
La reforma no solamente regula la baja de la edad de la imputabilidad. Ante la comisión de un delito, se propone que los adolescentes culpables puedan realizar todas las medidas de reparación posibles, en lugar que la única alternativa sea la cárcel.
Según se informó, este principio sigue la noción de “justicia restaurativa”, que pretende explorar métodos de abordaje a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley. Estos actores, de acuerdo al texto que consta de 37 páginas, también tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación que no sean la detención y encarcelamiento de los acusados.
Por lo general se sugieren diferentes medidas socioeducativas que deberán llevarse a cabo de acuerdo al “Abordaje Restaurativo”, entendido como un proceso en el que “todas las partes implicadas en un conflicto (ofensor, víctima y comunidad) resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro”.
A su vez, el carácter interdisciplinario de este enfoque busca que “las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas, en sintonía con lo que han establecido en los últimos años diferentes convenciones y normas internacionales en materia de derechos de adolescentes”, informaron los legisladores que elaboraron el texto.
Excepciones, plazos y fuero especial
¿Qué ocurriría si las medidas de reparación son incumplidas o fracasan? El mecanismo a seguir, de acuerdo al proyecto, es que las autoridades judiciales puedan aplicar penas privativas de libertad, que van hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado que como máximo de pena sube a 15 años.
Asimismo, se prevé que los juicios contra personas adolescentes sean realizados en el plazo máximo de dos años y, en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes. De esta manera, se evita la posibilidad de que las autoridades judiciales “cajoneen” expedientes, estableciendo responsabilidades claras.
En caso que la iniciativa sea aprobada, se buscará evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios.
“El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, indicó Santilli.
“La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”, concluyó.
Según información estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años.
Sin embargo, hay otros datos que ponen en entredicho esas cifras. Al 30 de diciembre de 2021, existían 130 dispositivos penales juveniles en todo el país, de acuerdo a un informe oficial Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Hasta entonces, 4.437 adolescentes cumplían medidas penales, de las cuales solo el 2,7% tenía menos de 16 años, mientras que el 39,1% tiene entre 16 y 17 años, y el 55,8% 18 años y más. El 95,5% de ellos era varón.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Los mensajes internos que aceleraron la cadena nacional, los planes previos de Milei y la vuelta de Santiago Caputo
El Presidente volvió a ganar centralidad en la agenda mediática a raíz de los anuncios sobre Malvinas. El origen de la secuencia de esta última semana y la repercusión puertas adentro del Gobierno. Expectativa por una buena noticia. En Economía siguen la recaudación
El empleado echado por suplantar a un senador también engañó a un agente con discapacidad y sacó un préstamo millonario
Fue apodado "El señor de los anillos", por sus manos repletas de fantasías. Tras hacerse pasar por el ex legislador Marcelo Fuentes para pedir favores -como contó Infobae-, abusó de la confianza de un trabajador y se giró $3,9 millones. Su ambición lo llevó a mimetizarse con el asesor presidencial Eduardo "Lule" Menem y llamó al ex secretario administrativo de la Cámara alta Emilio Viramonte Olmos para obtener la categoría A-1
El Frente Renovador activa su armado en PBA y aguarda que Massa defina una posible candidatura
El espacio empezó a agruparse en las distintas secciones electorales y dirigentes salieron a explicar por qué el ex ministro debería ser candidato. A la par, éste pidió “que armen” en el territorio que gobierna Kicillof, quien no tendrá reelección. En un esquema de unidad, no descarta una postulación nacional por el peronismo
Retroceso de los Moyano y avance empresario: el balance de un conflicto que confirma el ocaso de los bloqueos sindicales en la Argentina
La protesta extorsiva que sufrió WebPack la semana pasada terminó con dos denuncias penales contra delegados por amenazas, un despido en firme y el repliegue del Sindicato de Camioneros. Las claves de una tendencia que se consolida en el país
“No fue un error, fue un crimen”: las familias de las víctimas del fentanilo contaminado siguen reclamando justicia
El acta de procesamiento de las funcionarias de ANMAT e INAME revela la cifra final de muertos y otros datos sobre los afectados. El juez Kreplak señaló que hubo “dilaciones injustificadas, reuniones clandestinas y arreglos incomprensibles”
