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Atentado a Cristina Kirchner: la Justicia investiga varias hipótesis y el rol de la seguridad de la vicepresidenta

María Eugenia Capuchetti y Carlos Rívolo ordenaron una batería de pruebas. Los investigadores accedieron a la información del celular del hombre que le disparó a Cristina Kirchner y buscan determinar si actuó sólo o estaba acompañado en el momento del hecho

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, esta mañana en la casa de Cristina Kirchner (Maximiliano Luna)

La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación por el atentado contra la vida de Cristina Kirchner, no descartan ninguna hipótesis, anticiparon fuentes judiciales a Infobae. Entre las diversas teorías que analizan, los funcionarios judiciales pusieron la lupa sobre la custodia de la Vicepresidenta que tuvo un accionar por lo menos negligente durante los hechos sucedidos durante la noche del jueves, cuando un hombre gatilló un arma a pocos centímetros de la ex jefa de Estado.

Para abarcar distintas líneas de investigación, se ordenaron varias medidas de prueba, la mayoría de las cuales se mantienen bajo reserva. Según pudo saber este medio, los investigadores pudieron abrir y bajar la información del teléfono celular del imputado y trabajan en la conformación de un perfil económico y virtual (en base a sus posteos en redes sociales) del detenido.

Una de las medidas en las que se está trabajando es sobre las cámaras de seguridad del barrio de Recoleta, donde vive la vicepresidenta. Así se busca determinar el recorrido que hizo Fernando Sabag Montiel, de 35 años, nacido brasilero y nacionalizado argentino, y quien intentó matar a la vicepresidenta. Está detenido desde anoche.

“No descartamos ninguna hipótesis. Desde que actuó solo a que lo hizo con alguien”, le dijo a este medio uno de los investigadores del caso. Por las medidas de prueba en marcha la indagatoria a Sabag Montiel se realizará mañana y no hoy. Una clave será esperar el resultado de la mayor cantidad de medidas de prueba para indagarlo. La justicia tiene 48 horas para tomarle declaración a un acusado desde que es detenido. Sabag Montiel está acusado del delito de tentativa de homicidio agravado y su abogado es el defensor oficial Juan Martín Hermida.

Por la mañana comenzaron a declarar testigos del hecho que llegaban a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro. La mayoría de ellos militantes del kirchnerismo que estaban cuando Sabag Montiel atacó a Cristina Kirchner.

Este mediodía la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo se trasladaron a la casa de Cristina Kirchner para tomarle declaración testimonial. Los funcionarios judiciales le dijeron a la vicepresidenta que tenía a su disposición la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación. La vicepresidenta no contestó por el momento si la iba a utilizar y tampoco solicitó ser parte querellante del expediente.

El arma que secuestró la justicia y con la que se intentó matar a Cristina Kirchner

El celular de Sabag Montiel fue peritado. Toda la información que contenía fue descargada y ahora se analizará si de allí surjen elementos importantes para la investigación. En el caso interviene la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal federal Horacio Azzolin. Sobre Sabag Montiel se ordenó hacer un perfil informático en base a la información que hay en sus redes sociales y otro económico.

El peritaje sobre el arma determinó que es apta para el disparo y que fue utilizada hace poco. Sabag Montiel fue revisado por médicos legislas cuando quedó detenido y su estado de salud, en una primera revisión, era optimo. Sin embargo, los estudios médicos se pueden ampliar.

Las fuentes consultadas señalaron que la custodia de Cristina Kirchner está bajo investigación. Quedó bajo la lupa judicial por qué un hombre armado pudo llegar a centímetros de la vicepresidenta, apuntarle a la cara con un arma y gatillarle, cuando estaba con sus efectivos de seguridad de la Policía Federal que depende del gobierno nacional, puntualmente del Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández.

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