La definición sobre el futuro de los 19 tripulantes que viajaron en el avión de Emtrasur se demorará varios días. El juez federal Federico Villena tiene que escuchar la opinión de la fiscal Cecilia Incardona y de la DAIA antes de tomar una decisión. Aunque los plazos apremian, el magistrado se tomará todo el tiempo necesario. “Si se van, no vuelven más”, admitió una fuente de la investigación.
Esta mañana, la abogada de la DAIA, Marta Nercellas, rechazó el pedido que presentó el abogado de los tripulantes para que se les permita salir del país. Entre otros argumentos, la abogada dijo que hay peligro de fuga y de que puedan entorpecer la investigación. Además, sostuvo que todavía no se completaron todas las medidas de prueba ordenadas por el juez y que los 19 tripulantes -5 iraníes y 14 venezolanos- no aportaron los domicilios de residencia.
La fiscal, por su parte, pidió una prórroga antes de dictaminar y el juez le otorgó otras 48 horas, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Incardona también rechazaría que los tripulantes puedan volver a sus países de origen, aunque antes de emitir una opinión pediría nuevas medidas de prueba.
La semana pasada, el abogado de los tripulantes, Hernán Carluccio, le pidió al juez Villena que levante la medida cautelar que les impide salir del país y les devuelva el pasaporte. La presentación aterrizó en el juzgado unas horas después que trascienda un pedido de la Cancillería de Irán a favor de los cinco tripulantes de esa nacionalidad.
“Si las medidas de restricción de derechos por su intensidad y prolongación dejan de lado la presunción de inocencia terminan constituyendo una sanción encubierta y anticipada que resulta inadmisible”, sostuvo el abogado. Y agregó: “No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable”.
Antes de decidir sobre las cautelares, el juez espera sumar nueva información desde el exterior. Tal como reveló este medio, ya llegaron respuestas desde México y Paraguay, aunque están pendientes exhortos a Uruguay, Venezuela y Estados Unidos.
La prueba más valiosa del expediente sigue siendo el informe del FBI que vincula al piloto Gholamreza Ghasemi con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah. “La Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico. Las Fuerzas Quds operan un campo de entrenamiento para Hezbollah en el Valle de Bekaa en el Líbano y han reportado entrenamiento para más de 3.000 soldados en los cuarteles que tiene la Guardia Revolucionaria en Irán”, apuntó ese informe.
Villena también espera tener el resultado final de la pericia de todos los aparatos secuestrados en el hotel de Canning. En total se analizaron 72 aparatos, entre celulares, notebooks y computadoras.
La decisión del juez sobre los tripulantes se postergaría para después de la feria judicial, aunque la resolución ya comenzó a redactarse. En ese fallo están detalladas todas las pruebas que se sumaron al expediente desde el 12 de junio.
La situación del avión de Emtrasur, retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio, se analiza en un incidente aparte y quedaría para una segunda instancia. Para los investigadores todavía hay muchas dudas sobre la titularidad de esa aeronave pese a los documentos aportados en el expediente por el abogado de los tripulantes.
El avión de Emtrasur llegó a Buenos Aires el 6 de junio con 47.882 kilos de autopartes. En las últimas horas la Aduana liberó un remanente de esa carga y otros 8 mil kilos que llegaron una semana después en un avión de la empresa Skylease, contratada por el mismo importador, SAS Automotriz. “Se liberó toda la mercadería que estaba consignada a SAS. La liberación había sido autorizada por el juez”, detalló una fuente aduanera.
Cada paso de la investigación judicial tiene repercusiones internacionales. El tema estuvo presente en la reunión que mantuvo ayer el nuevo embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, con el dictador Nicolás Maduro. También apareció en la nota de opinión que publicó en el diario The Wall Street Journal el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.
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