“El gran jefe”, “el número uno”, el “gran gran” le decían al juez federal de Mendoza Walter Bento quiénes conformaban con él lo que la justicia entiende que es una asociación ilícita de la que el magistrado era la cabeza y desde la cuál cobraban coimas para beneficiar en causas judiciales a quienes estaban imputados y detenidos.
Así surge de la investigación judicial que realizó el juez federal de Mendoza Eduardo Puigdéngolas contra su colega y por la que en julio del año pasado lo procesó por varios delitos y le dictó la prisión preventiva, que no se hizo efectiva por los fueros de detención que Bento tiene como juez. Pero Bento está siendo investigado por presunto mal desempeño en el Consejo de la Magistratura y podría quedar suspendido.
Todo se inició en septiembre de 2020 cuando la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Mendoza envió una nota a la justicia. Allí daba cuenta de que en una investigación por narcotráfico se descubrieron mensajes de WhatsApp entre el acusado en esa causa, Walter Bardinella Donoso, y el abogado Luciano Ortego. Así comenzó una nueva causa a cargo del fiscal Dante Vega que llegó a dar con el juez Bento.
“Atento su función y el cargo ocupado, su rol se presenta como insustituible e imprescindible por cuanto el beneficio procesal que se otorgaría a cambio de dinero (u otros bienes) dependía de su voluntad y ejecución”, sostuvo el juez Puigdéngolas en su resolución.
Bento es titular del juzgado federal 1 de Mendoza. En ese rol tiene a su cargo las causas de crimen organizado, como narcotráfico, contrabando y secuestros, pero también es el juez electoral. Tiene a su cargo la organización y el control de las elecciones nacionales en Mendoza. Un lugar clave para la política provincial. A pesar del procesamiento, Bento sigue en funciones.
Pero Bento actuaba con otra gente. A partir de la declaración de testigos y de escuchas telefónicas, se determinó quiénes estaban por debajo del juez y cómo operaba la organización. Uno era Diego Alagia -ya fallecido-, informante de la policía de Mendoza, que era el nexo entre el juez y los abogados Ortego y Jaime Alba, que tomaban casos en el juzgado de Bento para acercar a los acusados las ofertas económicas para ser beneficiados en los expedientes.
“Una vez diagramada la estrategia, los abogados Alba y Ortego comenzarían su ejecución, de dos maneras posibles: en determinados casos intervenían personalmente en la defensa técnica de los imputados que procuraban obtener el beneficio ilegítimamente pactado. En otras oportunidades, contaban con la actuación de otros abogados - Leopoldo Martín Ríos y Alejandro Matías Aramayo-, quienes recibían directivas precisas de cómo y cuándo actuar”, describe la acusación.
Ese mecanismo se determinó en ocho casos. “En ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”, dijo el juez Puigdéngolas sobre Bento y agregó que “el hecho de que no se hayan constatado entregas de sumas dinerarias ilegítimas a manos del propio Walter Ricardo Bento no resulta óbice para sostener su responsabilidad en estos sucesos”.
El juez también fue procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero porque se consideró que su nivel de vida no coincida con lo que cobraba como magistrado. Y el procesamiento -confirmado por la Cámara Federal de Mendoza- fue con prisión preventiva.
Ahora la causa avanza hacía Nahuel y Luciano Bento, los hijos del juez. Ambos trabajan en la justicia federal de Mendoza y están citados a indagatoria por lavado de dinero. El primero de ellos fue indagado el jueves. La esposa del magistrado, Marta Boiza, está procesada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Ante el procesamiento, se inició en el Consejo de la Magistratura de la Nación una investigación por mal desempeño de sus funciones contra Bento. El expediente está a cargo del diputado del PRO Pablo Tonelli, que espera el resultado de un peritaje contable sobre los bienes de Bento que fue solicitado por el propio magistrado. Esa es la última medida de prueba en la causa disciplinaria. Después, el Consejo quedaría en condiciones de avanzar para definir si suspende el cargo y envía a Bento a juicio político.
Tonelli presentó el año pasado en el Consejo un pedido para suspender en el cargo y quitarle los fueron a Bento para que se puede proceder a su detención. Pero la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo rechazó al planteo al sostener que legalmente no se puede suspender y desaforar a un juez, lo que se logra con la remoción del cargo en un juicio político.
Este año Bento volvió a ser noticia cuando se inscribió para el concurso público para cubrir la vacante que hay en la Cámara Federal de Casación Penal. Pero fue objetado porque el reglamente de concursos no permite que se inscriban candidatos que están procesados por delitos dolosos. “Se ha verificado la concurrencia de un obstáculo reglamentario para su postulación, circunstancia que se ve robustecida por el hecho de que al momento de la inscripción del postulante se encontraba en cabal conocimiento de ostensible impedimento que recaía sobre su persona”, sostuvo el Consejo en su resolución.
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