La Cámara Federal de Casación Federal comenzará mañana una agenda de varias audiencias para analizar la condena al empresario Lázaro Báez y otras 22 personas por lavado de dinero. Se trata de una decisión que tendrá impacto en los expedientes judiciales que tiene la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner. Es porque parte del dinero que Báez blanqueó provenía de la obra pública que recibió durante los 12 años de kirchnerismo, según el fallo que lo condenó.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que mañana a las 10 horas los jueces de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma, encabezarán una audiencia virtual con todas las partes de la causa. Son 25: 22 defensas, la Fiscalía y dos querellas. Se trata de una audiencia preliminar para ordenar cómo serán las siguientes en las que partes expondrán sus argumentos.
Allí se buscará establecer la modalidad de los encuentros posteriores: si alguna parte pide que sea presencial, el tiempo de exposición de cada una, si optan por presentar un escrito con sus argumentos. Casación ya fijó audiencias para el 2, 9, 16 y 23 de junio para escuchar a las defensas. Después se determinará si alcanzan o hay que agregar más. Inclusive, después de los abogados, los condenados también pueden exponer ante los jueces.
Lo que sí está claro, adelantaron las fuentes consultadas, es que la decisión de Casación se conocerá después de fines de julio, cuando finalice la feria judicial de invierno.
La Cámara deberá revisar el fallo que en febrero del 2021 dictó el Tribunal Oral Federal 4 en el que condenó a Báez a 12 años de prisión por el lavado de 55 millones de dólares. También fueron condenas otras 22 personas. Entre ellas el arrepentido Leonardo Fariña a cinco años; el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín a ocho años; el financista Federico Elaskar a cuatro años y seis meses; y los cuatro hijos de Báez a penas de entre nueve y tres años de prisión.
La condena fue dictada por unanimidad por los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñíguez. Consideraron que Báez -quien está en prisión domiciliaria- y el resto de los condenados habían armado una ingeniería financiera para blanquear 55 millones de dólares para la que usaron empresas off shore. El caso fue conocido como “la ruta del dinero K”.
Los magistrados discreparon en el delito precedente al lavado. Se trata del delito del cuál se obtuvo el dinero para luego darle apariencia de legal. Para Costabel y Palliotti fue tanto de los fondos de la obra pública que Baéz recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como de las “facturas truchas” que presentó para justificar gastos de sus empresas que nunca se hicieron. Para López Iníguez fue solo del delito tributario de las facturas.
Casación tendrá que revisar las condenas y los delitos precedentes. Los dos aspectos fueron objetados por las defensas en sus apelaciones.
El delito precedente de la obra pública puede ser importante porque Cristina Kirchner y Báez están actualmente siendo juzgado junto a otros acusados por ese caso. Se objeta que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Báez recibió 52 obras públicas para la provincia de Santa Cruz de manera irregular, con sobreprecios y que le pagaron todos los contratos a pesar que muchas obras no estaban terminadas.
La opinión que tenga Casación no será determinante para el juicio oral porque son dos casos distintos pero Casación es un tribunal superior a los Tribunales Orales y su postura -en caso que ratifiquen las condenas y la obra pública como delito precedente- puede tener un peso jurídico para el Tribunal Oral Federal 2, que juzga a Cristina Kirchner y Báez por las obras viales.
El juicio está en su etapa final. Terminaron de declarar los testigos y el próximo 31 de mayo se hará una audiencia para definir que prueba se incorpora por lectura al juicio. Luego está previsto que comiencen los alegatos -el primero será el fiscal Diego Luciani-si antes alguno de los imputados no pide declarar. La hoja trazada por el tribunal oral marca que la expectativa es que antes de fin de año haya sentencia.
Cristina Kirchner está siendo investigada en la causa de la “ruta del dinero k”. La ex presidenta fue indagada por el juez federal Sebastián Casanello por orden de la Cámara Federal. La actual vicepresidenta recibió una falta de mérito a la espera del resultado de medidas de prueba. Semanas atrás su defensa pidió el sobreseimiento definitivo en el expediente. “Ese proceso está siendo utilizado a fin de alimentar una incesante campaña de persecución política, que de una vez por todas debe cesar en nuestro país. Las pruebas al canto”, dijo la vicepresidenta en su presentación.
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