La fiscal María del Valle Viviani tuvo que endurecerse en el allanamiento judicial que encabezó hace 24 horas en la sede central del Sindicato de Camioneros. Ordenó que se retirara una patota que quería intimidarla mientras buscaba documentación y no se amilanó ante Hugo Moyano, quien, a los gritos, le dijo que era una “causa política ordenada por Macri”: “Yo no hago política. Estoy investigando un delito. Vengo de una familia peronista y creo en el derecho de los trabajadores, pero también en el derecho de las empresas a trabajar. Se avanzó en esta causa porque hay pruebas. Si no, la hubiera archivado. Pero acá hay pruebas de sobra”, le contestó.
Viviani, de 43 años y que proviene de una familia de abogados, es la titular de la Fiscalía 7 de San Nicolás que, acompañada por efectivos de la Policía Federal, encabezó el operativo en el gremio de Moyano para buscar documentación sobre la presunta deuda de la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro, que dio origen al bloqueo sindical por el cual quedaron detenidos el jefe de la seccional nicoleña de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, y otro dirigente, Fernando Espíndola.
La delegación nicoleña del Ministerio de Trabajo acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto. Por eso la fiscal Viviani pidió el allanamiento en el gremio para secuestrar la información correspondiente.
Según trascendió, la fiscal habría encontrado en la sede nacional del sindicato los mismos recibos que estaban en la seccional San Nicolás de Camioneros, firmados por Cabaleyro, pero ninguna documentación que acredite que efectivamente esa deuda de la empresa era real.
Por eso Viviani podría pedir indagar nuevamente a Cabaleyro y Espíndola por haber hallado nuevos elementos en la causa, en este caso otra acusación por extorsión que agravaría la situación de los dos dirigentes gremiales detenidos desde el 8 de abril pasado en San Nicolás.
En el operativo que se hizo este lunes, la fiscal tuvo que ordenarle a un directivo del sindicato que retirara del lugar a un grupo de matones que se hizo presente mientras ella buscaba documentación. “Les pido, por favor, que se vayan porque están obstruyendo el trabajo de la Justicia y voy a pedir que se los lleven detenidos”, dijo Viviani. Así logró que la patota sindical se fuera del lugar y pudo inspeccionar para llevarse información de distintas oficinas del sindicato.
Sin embargo, unos minutos después apareció Hugo Moyano, quien, los gritos, le reprochó su presencia y habló de que todo respondía a una “causa política ordenada por Macri”. Viviani, quien proviene de una familia de abogados y de simpatías peronistas, le respondió con dureza: “Yo no hago política. Estoy investigando un delito. Vengo de una familia peronista y creo en el derecho de los trabajadores, pero también en el derecho de las empresas a trabajar. Se avanzó en esta causa porque hay pruebas. Si no, la hubiera archivado. Pero acá hay pruebas de sobra”.
Más calmo, Moyano le habría pedido disculpas por haber levantado la voz y dejó que siguiera con su tarea. La fiscal no encontró más que los mismos recibos, escritos con letra manuscrita y firmados por Cabaleyro, que estaban en el sindicato de San Nicolás tras los pagos de Distribuidora Rey por una deuda que, hasta ahora, sigue sin poder verificarse que haya existido.
Si Viviani le pide a la jueza María Eugenia Maiztegui la nueva indagatoria de los detenidos y la recalificación de la causa, que agregaría un motivo de extorsión a los existentes, los abogados de la empresa pedirán a la Justicia que se profundice la investigación para determinar si hubo complicidad de los funcionarios de Trabajo con el Sindicato de Camioneros. Y, además, será una forma de apuntar a la responsabilidad del gremio a nivel nacional, conducido por Hugo Moyano, por haber firmado y recibido cheques de una empresa por una deuda que no existía.
Cabaleyro y Espíndola están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra la empresa de San Pedro. Ambos protagonizaron en febrero de 2021 el bloqueo a Distribuidora Rey, que funciona desde 1989 y tiene 35 empleados, y la Justicia, además de considerar que son responsables del bloqueo, encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.
Según el sitio San Pedro Informa, Viviani es oriunda de San Nicolás, casada, y se recibió en el año 2002 en la Universidad Católica Argentina de Rosario. Ingresó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal en 2010 además de haber realizado diversas capacitaciones hasta especializarse en derecho penal. Fue parte de la estructura de la Defensoría de Niños del Fuero Penal Juvenil y antes de llegar a su cargo, en junio de 2020, era auxiliar letrada en la Secretaría de Ejecución Penal de la Defensoría General.
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