El presidente del bloque de Diputados Nacionales del PRO, Cristian Ritondo, participó del lanzamiento de la campaña Ficha Limpia, en el partido de Ensenada, a la que adhirieron con su firma vecinos y comerciantes.
La iniciativa propone que las personas que estén condenadas en segunda instancia no puedan ocupar cargos electivos. Se trata de una ley que ha sido obstruida en el Congreso en reiteradas oportunidades, lo que generó fuertes cruces entre el kirchnerismo y la oposición.
“El reclamo ético de la sociedad debe ser escuchado y los dirigentes tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias. Este proyecto trasciende los partidos, pero no la grieta”, fundamentó Ritondo.
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El ex ministro de Seguridad bonaerense explicó: “Desde Juntos por el Cambio en el Congreso también impulsamos la Ley de Ficha Limpia por convicción y decisión para mejorar la calidad de la democracia y terminar con privilegios éticamente abominables. Porque las listas de candidatos no pueden ser un aguantadero de condenados que buscan impunidad y fueros”.
Por su parte, la diputada nacional Silvia Lospennato, afirmó: “Vinimos a Ensenada a acompañar la iniciativa de Ficha Limpia a nivel local. Queremos que quienes ocupen cargos políticos no tengan condenas confirmadas por delitos de corrupción”. Y concluyó: “Queremos que Ficha Limpia sea ley a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en todos los municipios, para elevar el estándar ético de quienes ocupan cargos políticos en representación de los ciudadanos”.
Además de Lospennato, acompañaron a Ritondo las diputadas nacionales María Luján Rey y Gabriela Besana, el diputado provincial Alex Campbell, el senador provincial Walter Lanaro, las concejalas de Ensenada Carolina Dil y Fernanda Ivelli, los ediles de Berisso Pablo Swar y Jorge Marc Llanos, sus pares Gerardo Landa (Punta Indio), Martín Fontana (Magdalena) y el extitular de la Oficina Anticorrupción bonaerense, Dr. Luis María Ferella. También acompañaron concejales de San Vicente, Presidente Perón y Cañuelas.
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Días atrás, la ley se aprobó en Jujuy y la provincia se convirtió en la primera en tener una norma de este estilo. La medida abarca a las sentencias judiciales en segunda instancia, mientras dure la condena o su eventual revocación.
La ley contempla las sentencias judiciales en segunda instancia, mientras dure la condena o su eventual por los delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad, la propiedad, los poderes públicos y el orden constitucional o los comprendidos en la Ley Nacional N°23.737.
En el Congreso Nacional, el proyecto lo presentó Cambiemos en 2015, luego lo modificó y lo volvió a presentar en 2017, cuando obtuvo dictamen de comisión pero no logró llegar al recinto. La última vez, también sin éxito, fue en 2018. La medida volvió a fracasar el año pasado en plena campaña electoral, por lo que seguramente perderá estado parlamentario.
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En el texto original se igualaba a los denunciados por estos delitos con los de lesa humanidad, pero la vara quedó establecida en que aquellas personas que tengan una denuncia por delitos de corrupción y que tengan una condena confirmada en segunda instancia -sin que sea necesario que la condena esté firme- no puedan acceder a un cargo electivo.